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Jubilados militares y policiales piden que bonificación excepcional sea pensionable

Solicitan al MEF y al Congreso de la República modificar el artículo 3 del DS-004-2025.

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Jubilados militares y policiales piden que bonificación excepcional sea pensionable
Fecha Publicación: 26/02/2025 - 09:33
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La Asociación de Pensionistas Militares y Policiales intensifica gestiones para eliminar el numeral 3.4 del Artículo 3 del Decreto Supremo 004-2025-EF, publicado el 19 de enero de 2025, a fin de que la bonificación otorgada al personal en retiro sea pensionable y no excepcional, para evitar que sea eliminada en el futuro.

El comandante FAP (r) Rommel Roca Laos, presidente de la Asociación Policial Militar Grupo Coraje, afirmó que la disposición vigente compromete la estabilidad del régimen pensionario de los militares y policías en situación de retiro.

"No podemos permitir que esta bonificación quede sujeta a modificaciones arbitrarias, poniendo en riesgo el bienestar de quienes hemos servido al país", manifestó Roca Laos.

El mencionado decreto establece un incremento en la bonificación de manera extraordinaria para el personal retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) a partir de enero de 2025.

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Sin embargo, "El numeral 3.4 impide que este beneficio sea integrado a la pensión, lo que podría derivar en su retiro excepcional a corto o mediano plazo".

El vocero indicó que la asociación sostiene que esta medida afecta el principio de progresividad de los derechos pensionarios.

En ese sentido, se exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Congreso de la República modificar la normativa para garantizar la estabilidad de las pensiones.

"No se trata de un privilegio, sino de un derecho adquirido por años de servicio a la patria. Estamos preparados para tomar medidas legales y movilizaciones si es necesario", agregó el comandante (r) Roca Laos.

Las organizaciones involucradas prevén reuniones con legisladores y representantes del Ejecutivo para buscar una solución. Asimismo, solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo para evaluar la constitucionalidad de la disposición.

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