Gobierno promulga ley que amplía Reinfo hasta diciembre de 2025
Se otorga seis meses más para que los mineros completen su proceso de regularización.
El Gobierno de Perú ha oficializado la prórroga del proceso de formalización minera integral para la pequeña minería y minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, según el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM publicado ayer en el diario oficial El Peruano.
Esta medida, anunciada previamente por el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, ante el Congreso, responde a la ausencia de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), cuya promulgación sigue pendiente.
El Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, refrendado por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero detalla que la prórroga se aplica exclusivamente a las personas naturales o jurídicas que cuenten con inscripción vigente en el Reinfo, así como a aquellas cuya inscripción se encuentre suspendida por un periodo igual o menor a un año, contado hasta el 30 de junio de 2025.
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“El proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025, de manera definitiva, para aquellas personas cuya inscripción en el Reinfo no se encuentra comprendida dentro de los supuestos establecidos”, precisa el decreto.
En esta línea, el MINEM, en cumplimiento de la Ley Nº 32213 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2025-EM, asume la evaluación de los requisitos para culminar el proceso de formalización. Entre sus competencias figura la fiscalización de la información declarada en el Reinfo.
La fiscalización incluye la verificación de que las actividades mineras se desarrollen únicamente en las áreas declaradas en el registro, y no en otras zonas no autorizadas.
Preocupación por esta medida
Para Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la medida no solo abre una puerta para continuar operando, sino que podría incluso permitir revertir la anulación de los 1,425 registros suspendidos en la provincia de Pataz, cancelados por el Gobierno en mayo pasado.
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