Dante Aguilar plantea cambio estructural en gestión de infraestructura: “Cerrar brechas no es construir más, sino construir mejor”
Perú necesita una gerencia pública profesional que devuelva confianza al ciudadano.
Dante Aguilar Onofre, especialista en APP y ganador del concurso “Saber que Construye 2025” de ProInversión, impulsa la idea de una infraestructura más eficiente y transparente mediante la aplicación de tecnología y gobernanza digital.
¿Por qué el Perú no logra cerrar su brecha de infraestructura, superior a US$ 100 mil millones?
La brecha de infraestructura en el Perú persiste por razones estructurales. El país ha concentrado históricamente su inversión en obra pública tradicional, un mecanismo que, aunque necesario, ha demostrado ser ineficiente debido a la formulación de proyectos con información incompleta, estudios de baja calidad y escasa madurez técnica. Esto genera ajustes permanentes, sobrecostos y un alto nivel de controversias, muchas de ellas vinculadas a prácticas de corrupción o deficiencias en la supervisión.
Las modalidades de gobierno a gobierno han mostrado mejores resultados en términos de plazos y gestión, pero a un costo significativamente mayor para el Estado. En cambio, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han demostrado ser más eficientes en la asignación de riesgos y en la disciplina contractual. No obstante, requieren una actualización que incorpore tecnologías contemporáneas —como la digitalización, los contratos inteligentes y la trazabilidad mediante blockchain— para alcanzar mayores niveles de eficiencia y transparencia.
A ello se suma una débil articulación entre el planeamiento multianual, la gestión predial y el licenciamiento ambiental, procesos que siguen siendo lentos y fragmentados. Algunos sectores y gobiernos subnacionales carecen de capacidades técnicas estables, y la alta rotación de funcionarios impide la continuidad de las políticas. Sin una gerencia pública profesionalizada y basada en resultados, la brecha difícilmente podrá cerrarse.
Dante Aguilar, ¿por qué se renegocian tantas APP en los primeros años?
Las renegociaciones tempranas son síntoma de contratos incompletos y de una planificación deficiente. En muchos casos, las proyecciones de demanda se sobreestiman, los expedientes técnicos no alcanzan el nivel de detalle necesario o el Estado incumple compromisos clave, como la liberación de terrenos y la obtención de licencias. Esto genera asimetrías de información y desequilibrios que las partes buscan corregir mediante adendas.
Desde el punto de vista fiscal, estas renegociaciones generan pasivos contingentes y presionan el espacio presupuestal, incrementando el riesgo país y encareciendo el costo de capital. Pero el problema también es institucional: la frecuencia de las adendas debilita la credibilidad del sistema APP y reduce la competencia en las siguientes licitaciones. En suma, el país termina pagando más por la misma infraestructura.
¿Cómo evitar sobrecostos sin frenar la inversión privada?
Todo parte de un buen diseño. Un proyecto bien estructurado desde la preinversión reduce renegociaciones. Se requiere verificación independiente, comparación con proyectos similares (reference class forecasting) y juntas de resolución temprana de conflictos (Dispute Boards). Fortalecer la Unidad de Riesgo Fiscal del MEF permitiría monitorear contingencias en tiempo real. Además, digitalizar contratos y adendas generaría trazabilidad pública y desincentivaría ajustes injustificados. La transparencia, al final, es el mejor mecanismo anticorrupción.
Dante Aguilar, ¿qué papel puede jugar la tecnología?
La aplicación debe ser progresiva. En una primera etapa, la blockchain puede servir para registrar de forma inviolable los hitos contractuales —desde los informes de avance hasta las actas de conformidad—, asegurando que ningún documento sea alterado. En una segunda fase, los contratos inteligentes podrían automatizar pagos cuando se verifiquen indicadores objetivos, como disponibilidad o volumen de agua tratada.
El desafío es cultural e institucional, no tecnológico. La clave está en demostrar que estos sistemas no reemplazan al Estado, sino que lo fortalecen al reducir la discrecionalidad y los errores humanos. Con pilotos bien diseñados y capacitación en las entidades públicas, la adopción tecnológica puede ser gradual y efectiva.
¿Qué lecciones dejan Dubái y Corea del Sur?
Dubái y Corea del Sur apostaron por ecosistemas de contratación completamente digitalizados, donde cada documento y cada orden de cambio son trazables. Esa trazabilidad redujo drásticamente los tiempos de ejecución y la posibilidad de manipulación. En el caso peruano, el punto de partida debería ser una ventanilla única interoperable que conecte a ProInversión, el MEF, la Contraloría y las entidades sectoriales.
El fortalecimiento de la identidad digital y la firma electrónica avanzada validará transacciones y aprobaciones en línea. No es solo modernizar los procesos, sino de construir confianza institucional a través de datos verificables. Adaptar esas lecciones a nuestra realidad implicaría avanzar en interoperabilidad.
¿Cree que la transparencia digital puede mejorar la legitimidad social de estos proyectos?
Definitivamente. La confianza ciudadana no se decreta: se construye con información verificable. Cuando la población accede en tiempo real al avance físico y financiero de un proyecto, desaparece la opacidad que suele alimentar la desconfianza. Los tableros abiertos, los KPI socioambientales y la trazabilidad de pagos pueden convertir la transparencia digital en un nuevo estándar de legitimidad.
Además, vincular los pagos a resultados medibles —por ejemplo, calidad del agua tratada o cumplimiento ambiental— genera un círculo virtuoso: el Estado paga cuando el ciudadano se beneficia. Esa es la verdadera base de inversión público-privada sostenible.
Política pública
El especialista señaló que, si cada actor asume su rol, la innovación digital puede consolidarse como una política pública transversal. De esta forma, el Perú no solo cerraría la brecha de infraestructura, sino que daría un salto cualitativo hacia una economía más sostenible.
MEF debe liderar estandarización de contratos
Dante Aguilar señaló que el MEF debe liderar la estandarización de contratos inteligentes y establecer límites claros de riesgo fiscal. ProInversión debería pilotear proyectos con componentes digitales y promover la capacitación de las entidades concedentes.
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