OAS le sigue los pasos a corrupta Odebrecht

Tras los pasos de una experiencia ventajosa para Odebrecht en su negociación con el Estado peruano, la constructora OAS ahora buscaría obtener los mismos beneficios en materia económica y penal de nuestro país. Así opinaron diferentes especialistas, luego que se conociera que las autoridades peruanas y la citada compañía suscribiera un acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz, lo que es una clara antesala para la firma de un acuerdo leonino muy similar al que ha sido rubricado en Brasil el 15 de febrero.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, las autoridades deberían tener cuidado de las propuestas que provienen de grupos económicos que interactuaron dentro del entorno del caso Lava Jato, porque no tendrían como finalidad esclarecer la verdad de los hechos.

“De acuerdo a lo que ha venido sucediendo, es un pésimo precedente que personas poco escrupulosas intenten utilizar el proceso de colaboración no con la finalidad de esclarecer la verdad, sino de poner a buen recaudo sus bienes económicos a títulos de empresas y frente a sus acreedores”, dijo a EXPRESO.

Además, el jurista sostuvo que se trataría de una estrategia jurídica de parte de OAS con la finalidad de no lidiar con las acciones penales de la justicia peruana, tal como lo viene haciendo Odebrecht, amparados en la Ley Nº 30737 –hecha a la medida de la empresa-.

“Ellos [las empresas] están buscando por todos los medios posibles pagar montos irrisorios en materia de reparación civil, soslayando la magnitud de los perjuicios económicos y morales que han ocasionado al país durante sus actuaciones”, añadió.

Lamas Puccio se refiere al daño no patrimonial que implica en primer lugar a la imagen del Perú, a la moral pública y a su institucionalidad, entre otros, por lo cual analistas como Jaime de Althaus han pedido al Brasil disculpas públicas.

En suma, se trataría entonces de aplicar los beneficios de la antinacional Ley 30737 donde una disposición complementaria final le permite a la Fiscalía otorgar facultades absolutas para impunidades, sobre todo en materia legal a las constructoras que se avengan a la “colaboración eficaz”, amén de reducir o incluso anular las reparaciones que debía pagar en el caso de Odebrecht.

CASOS POR INVESTIGAR

Las investigaciones de la Fiscalía peruana a OAS involucran la campaña de la no revocatoria a Susana Villarán, los beneficios que le habría otorgado el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, así como la relación con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, la concesión de la Línea Amarilla y la licitación del hospital Lorena en el Cusco.

En el caso de la revocatoria de Villarán, los hechos se circunscriben a la presunta petición -por parte de la exalcaldesa y el ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez- de dinero de procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de US$ 3’000,000 y US$ 1’000,000, respectivamente, para financiar la campaña.

La petición del dinero se habría efectuado en el primer trimestre de 2013, cuando Susana Villarán y José Miguel Castro eran funcionarios. Precisamente, en esos meses, se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima como la adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla, los cuales beneficiaron a las empresas brasileñas.

También se le imputa el presunto financiamiento de la campaña de reelección de 2014, efectuada por Dialogo Vecinal a favor de Villarán, en la que se habría utilizado y ocultado dinero proporcionado por las empresas en mención.

Asimismo, en el caso de Castañeda Lossio hay dos puntos que serían materia de investigación. El primero es una denuncia del ciudadano Hernán Núñez Gonzales, quien señala que la exgerente de Proyectos de Inversión de la Municipalidad, Lucy Giselle Zegarra Flores, y el presidente de OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, sostuvieron conversaciones vía WhatsApp, para coordinar reuniones con la participación del recientemente electo alcalde.

En estas conversaciones se pretendía que no se firme el contrato de Río Verde con la saliente gestión de la alcaldesa Susana Villarán De la Puente, de lo que podría evidenciarse entonces toda una coordinación ilícita para evitar la suscripción de otras obligaciones contractuales del mencionado proyecto, del cual incluso, ya se había gastado parte del dinero destinado. La gestión de Villarán culminó el 31 de diciembre de 2014.

Al iniciar su tercer período como alcalde en enero de 2015, Castañeda Lossio anunció de inmediato la construcción de un paso a desnivel en la avenida 28 de Julio. El 17 de marzo de 2015 se firmó el contrato de obra “Proyecto Río Verde y obras de integración urbana”, el cual se suscribió bajo la modalidad de precios unitarios con un valor referencial de US$ 48’538,070.

DIRECCIONADAS

No fue hace mucho que, gracias al testimonio del ex gerente administrativo de OAS, Adriano Quadros de Andrade, se conoció que la empresa pagaba 1.6 millones de dólares a sus exfuncionarios que se acogían a la delación premiada para “ajustar” sus testimonios a favor de sus intereses.

En ese sentido, Lamas Puccio manifestó que en base a la información que se maneja sobre el tema, el Ministerio Público debe indagar y, de corroborarse, quedarían anulados los trámites para comenzar cualquier proceso de colaboración eficaz.

“Si eso se descubriera, con mucha mayor razón esta propuesta de colaboración eficaz no debería ser aceptada o sometida a trámite, sino rechazada porque estos antecedentes son reiterativos y denotan una falta de interés por colaborar”, indicó.

Por su parte, el exministro del Interior y analista político, Fernando Rospigliosi, cuestionó que la firma de los beneficios con OAS se dé poco tiempo después que en Brasil se conociera lo ya mencionado.

“Hay que tener en cuenta una cosa y que no ha sido muy difundida por los medios [de comunicación] es que en Brasil se sabe que esta empresa OAS, que está por firmar un acuerdo, pagaba a sus exfuncionarios para que declaren a su favor”, señaló.

“TENSIONES POLÍTICAS”

El procurador Jorge Ramírez insinuó que la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por el acuerdo con Odebrecht pone en riesgo el convenio de colaboración que se puede alcanzar con OAS.

“Me preocupa que las tensiones políticas puedan repercutir en los futuros colaboradores. Sin embargo, soy respetuoso a la actitud del Congreso”, indicó.

Autoridades deberán responder por lesivo acuerdo con Odebrecht

No es la primera vez que diversos funcionarios cuestionan las condiciones del acuerdo de colaboración con Odebrecht, no solo por el monto de reparación civil a pagar, sino porque hasta la fecha no se vislumbra novedades en los casos en investigación.

Para los especialistas consultados por EXPRESO, los responsables de la firma del acuerdo -llámese los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Ramos, y el procurador ad hoc del Ministerio de Justicia, e incluso el mismo Ministro de Justicia-, deberán responder ante el país por los términos del mismo.

De acuerdo con lo señalado por Fernando Rospigliosi existe un “coro mediático vizcarrista” que pretende hacer creer que se están obteniendo grandes cosas de parte de los exfuncionarios de la empresa brasileña, cuando la realidad los contradice.

“Ellos [el coro] están quedando muy mal parados porque ante la opinión pública; la versión que se está dando, como si tuvieran grandes éxitos, es totalmente distinta. Hoy están en el poder esas autoridades [responsables], pero ellos deberían responder por lo que han hecho. Yo creo que finalmente cuando las cosas se aclaren estos supuestos héroes de la lucha contra la corrupción van a quedar como lo que realmente son”, declaró para EXPRESO.

Asimismo, manifestó que estarían buscado que el acuerdo sea aprobado solo por una jueza, pese a que el titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, afirmó que este debe ser homologado por cuatro magistrados, ya que son cuatro los proyectos y casos de los que se obtendría información.

“Si se aprueba, cuando cambie la situación política habrá que realizar una investigación sobre qué cosa es lo que realmente ocurrió y por qué estos fiscales y el procurador del Estado estaban firmando un acuerdo que era perjudicial para el país y beneficioso para la Odebrecht”, agregó.

Una postura similar tuvo el penalista Luis Lamas Puccio, quien aseguró que se trata de un convenio que tiene tendencia a fracasar, y pasado el tiempo, serán los fiscales y el procurador los que tendrán que rendir cuentas por el mismo.

“Los fiscales van a tener que rendir cuentas de lo que va a suceder más adelante, porque tarde o temprano van a salir a relucir las motivaciones verdaderas que esconden tras este pretendido proceso de colaboración eficaz. Creo que está desnaturalizado y que todos los peruanos tenemos derecho a conocer qué es lo que se está negociando”, sostuvo.

Cuestionó que un caso tan importante, en donde se han visto involucrados en corrupción flagrante los dirigentes políticos de los últimos 20 años de la historia peruana, y que además involucra negociar un patrimonio, que es la reparación civil que pertenece a todos los peruanos, esté al mando de tres o cuatro funcionarios de “menor rango”.

“Ni el fiscal de la Nación pudo tener acceso a esta información. Además porque se trata de un caso de corrupción flagrante, ¿cómo ellos pueden direccionar una problemática de tal dimensión al tema de la reserva del proceso?”, replicó.

En ese sentido dijo que nadie está libre de una denuncia constitucional por dicho caso; pero por el momento, el acuerdo debe seguir su curso, que en estos momentos solo depende de la Fiscalía, para su archivo, y Poder Judicial, para la homologación.

“Hay que ir por partes, primero tiene que archivarse en el Ministerio Público o fracasar para que el Poder Judicial lo desapruebe porque va directo a la moral del país. Si eso no sucede, más adelante surgirán las actuaciones que correspondan para investigar el trasfondo de lo que ha pasado”, concluyó.

Justicia electoral investigará aportes a campañas en Brasil

La Corte Suprema de Brasil estableció que la financiación ilegal de partidos políticos no es materia de investigación en los tribunales penales, sino de la justicia electoral.

Esa decisión, de acuerdo con el penalista Carlos Caro Coria, podría afectar los casos por lavado de activos que se vienen siguiendo en el país contra los partidos políticos Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Apra y otros.

Además, señala que el artículo 350 del Código de Electoral de Brasil sanciona la financiación ilegal como delito de falsedad y no como delito de lavado de activos.

“Dicho de otro modo, en Brasil el uso de los fondos de la Caja 2 no implica, per se, un acto de lavado, sino un hecho de falsedad, es decir un delito que no tiene como antecedente una riqueza delictiva ni genera fondos delictivos”, escribió en sus redes sociales.

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