Martín Vizcarra se esconde ante el conflicto en Las Bambas

Si bien había expectativas de que el gobierno del presidente Martín Vizcarra solucionara, junto con la minera china MMG Limited, el conflicto minero de Las Bambas (Abancay), el sinnúmero de errores cometidos en el tratamiento del problema hace que este haya crecido y se torne cada vez más inmanejable porque ahora ya abarca a las provincias altas del Cusco. Es más, corre como reguero de pólvora la posibilidad de una algarada mayor en todo el sur, con apoyo de Walter Aduviri.

“Si esto es así, si ya hubo un paro contundente en todo Abancay este 4 de abril, ¿qué está esperando el Jefe de Estado para asumir un papel más proactivo, para solucionar en forma integral un problema que cada vez compromete un mayor número de comunidades?”, se pregunta el economista Jaime Prada Sánchez, apurimeño y hasta hace poco vicerrector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba).

Lo dicho por este académico se prueba con la solicitud de las comunidades de Challhuahuacho de Apurímac que han exigido la presencia del jefe de Estado, así como de los titulares del Congreso y del Poder Judicial, Daniel Salaverry y José Luis Lecaros, respectivamente, en el lugar de los hechos, es decir en Las Bambas.

Claro que el pedido es majadero, pero lo hacen porque un craso error cometido por la minera es haber focalizado el problema en Fuerabamba, con pagos de hasta dos millones de soles por familia, aparte de construirles una ciudad moderna en tierras de la región Cusco.

Esto ha motivado el crecimiento de expectativas de 38 comunidades que ahora tienen similares reclamos para con la transnacional china MMG Limited, aparte de otras 15 periféricas, que también enarbolan sus propios petitorios.

Los que conocen el tema en las dos regiones –Abancay y Cusco- saben que no se debió individualizar la relación con Fuerabamba sino tomar un acuerdo en paquete, con participación del Estado, para no generar incluso ambiciones desmedidas.

Esto porque lo cierto es que el factor económico o indemnizatorio hace años que se ha dolarizado, pasando a segundo plano los llamados temas de consulta previa e incluso los ambientales.

O, en su defecto, estos últimos solo los usan para negociar nuevas indemnizaciones de la mina, como se filtra en las conversaciones con quienes conocen o trabajan en Las Bambas.

MINERODUCTO

Recordemos que al fracasar la idea inicial del mineroducto, que debía trasladar el cobre de Las Bambas y Antapacay hacia una planta de tratamiento en Espinar, por la abierta oposición del entonces alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca, no hubo otra salida que transformar la plataforma hecha para el mineroducto en una carretera después del 2012.

Con el agregado que quienes solicitaron la recategorización de la vía local o regional, desde Las Bambas a Espinar, a una de carácter nacional, fueron el exgobernador del Cusco, Edwin Licona, y el exalcalde de Chumbivilcas, David Vera.

¿Qué hizo durante todos estos años el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aparte de recalificar dicha vía como carretera nacional? Nada. Se hizo el muertito, como dice el lenguaje popular, endosando el problema al Ministerio de Energía y Minas, que entendía menos aun del problema en que los metió, años atrás, el exministro humalista Jorge Merino Tafur en 2014.

Pero desde el momento en que estamos ante una vía pública nacional, la mina obviamente considera que ya no tiene ninguna responsabilidad pecuniaria. En consecuencia, quedó en nada el Convenio Interinstitucional de 2016 entre Las Bambas y el MTC, para que la minera financiara los estudios técnicos para la carretera.

Al margen de la responsabilidad de Licona y el citado alcalde, la resolución ministerial que favoreció a la mina –la Nº 372- ha sido rubricada el año pasado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, brazo derecho de Martín Vizcarra en el Consejo de Ministros.

Hace dos semanas, cuando el conflicto ya había estallado y era noticia mundial, han reaparecido los del MTC y Trujillo anunciando que tienen una bolsa de 300 millones de soles para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas en la zona.

Pero Vizcarra, que a fines del año pasado había ofrecido en las mismas Bambas más de 2 mil millones de soles de indemnización a las comunidades, hasta ahora no da la cara, advierten.

CRASO ERROR

¿Pero no es que esa recategorización a vías nacionales tiene procedimientos, saneamiento físico legal, pago de justiprecios, estudios ambientales, etc, etc?, preguntamos a Jaime Prada Sánchez, un estudioso quechuablante formado en Europa y a expertos del Cusco que solicitaron el anonimato.

Ellos dicen que no conocen ningún expediente que muestra el cumplimiento de dichos procedimientos. “Las autoridades lo hicieron al guerrazo, no sabemos si en conmina con la mina”, afirman.

De este error se agarran los comuneros de Fuerambamba y focalizan este asunto en el fundo de Yavi Yavi, de unos 12 kilómetros, pero ahora ya van más allá, porque otras comunidades también dejaron que construyeran la carretera en sus terrenos, obviamente a la espera de negociar los justiprecios en mejores tiempos y circunstancias.

Es decir, no cuando eran aun unos páramos olvidados donde el metro cuadrado no costaba ni 50 céntimos, ni menos había minería, sino que han esperado este año en que pasan a diario alrededor de 360 camiones o volquetes repletos de cobre y molibdeno.

En esta lógica los comuneros negocian desde posiciones de fuerza cuando esa carretera vale un platal y ellos están en capacidad de poner de rodillas a un gobierno que no solucionó el problema a tiempo, dejó crecer la crisis, hasta que ya se ha hecho tarde, incluso para la aplicación, como en todo Estado de derecho, del principio de autoridad, señalan.

La magnitud del enfrentamiento entonces es mucho mayor que los meros linderos de Fuerabamba. Y es que Las Bambas, tarde o temprano, no solo tendrá que enfrentar los reclamos de las comunidades de Abancay sino las del Cusco, hasta donde se prolonga la carretera.

Además, porque Fuerabamba ha sido reubicada en el Cusco. Y es obvio que los cusqueños dicen ahora, sobre todo las comunidades de Chumbivilcas y de Espinar, que los de Fuerabamba no los representarán en ninguna mesa de diálogo ni en ninguna negociación sea con la mina o con el Estado.

Con el agregado que las comunidades de Paruro están con ese mismo temperamento. Y el argumento es que sus “territorios” se ubican en las márgenes de 209 kilómetros de la carretera que viene desde el yacimiento.

Arduo trabajo el de alcanzar un justiprecio por la tierra con tasaciones oficiales o independientes. Y otro es el tema de las propuestas para salir del atolladero, que en otro momento desarrollaremos con Jaime Prada.

MACROSUR

Por si fuera poco, a lo anterior hay que sumar la convocatoria a una asamblea de los frentes de defensa de las regiones del sur para hoy 6 de abril convocado por el Comando Unitario de lucha de Moquegua en la  ciudad del mismo nombre, a las 10 de la mañana de este sábado en el Auditorio Cultural Santo Domingo.

Dentro de su agenda está debatir los “conflictos sociales (Las Bambas)”, la contaminación de las empresas mineras, “exigir al Gobierno Central [un] convenio con el país de Bolivia para exportar el gas para el consumo de los pueblos de la Macro Región Sur”, entre otros.

Y el único punto de su plan de acción es un “Paro Macro Regional”, obviamente en apoyo a Las Bambas.

Hoy es el diálogo

Hoy a las 10:30 de la mañana se reúnen por segunda vez el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; las autoridades de la Conferencia Episcopal, y el presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, con la finalidad de continuar con el diálogo y llegar a un acuerdo en la crisis de Las Bambas.

La reunión se realizará en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, ubicada en Jesús María. Así lo confirmó la misma institución en la víspera.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se ratificó en su postura que establece un espacio de diálogo es la única vía posible para resolver el conflicto entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa Las Bambas en el sector de Yavi Yavi.

A través de un comunicado, invocó a las organizaciones sociales, entidades del Estado y empresa, a concentrar sus esfuerzos en contribuir a la creación y legitimación de este espacio.

“En esa dirección, es indispensable dejar de lado acciones reñidas con la ley, actitudes inflexibles que paralicen las negociaciones y limitaciones en la comprensión integral de este problema”, refirió.

Asimismo, insistió en que las comunidades no pueden carecer del derecho a la asesoría y defensa legales de sus intereses y derechos, y que deberán hacerse gestiones para que los colegios de abogados de Lima, Cusco o Apurímac, o las facultades de Derecho de las universidades de estas ciudades, pongan a su disposición profesionales solventes que contribuyan a garantizar su defensa.

Las Bambas es prioridad del Estado

Luego de ser duramente criticado por no tocar el tema de Las Bambas en su discurso de presentación ante el pleno del Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que el proyecto minero es una necesidad para el país, por lo que seguirán insistiendo en encontrar una solución.

“Las Bambas es una prioridad para el Perú, en este momento se encuentra ante un problema que esperamos que sea considerado como una anécdota en el camino, sin dejar de entender que refleja problemas más profundos que debemos resolver ahí mismo y en otros lugares”, afirmó.

“En Las Bambas hemos insistido permanentemente en el diálogo, nos hemos reunido el domingo con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, en la Conferencia Episcopal, con apoyo de la Defensoría”, comentó.

Asimismo, comentó que un encuentro posterior con las comunidades de Challhuahuacho tendrá lugar en Apurímac; y el 9 de abril hará lo mismo con las comunidades y autoridades de Chumbivilcas, en el Cusco.

Sin embargo, pese a que los comuneros de la zona han descartado levantar la medida de protesta, en defensa de sus asesores presos, el titular de la PCM indicó que existe la confianza de que alrededor de Las Bambas no hay oposición al proyecto minero, sino problemas por resolver.

“Hay negociación compulsiva en Las Bambas”

El congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA) opinó que el conflicto minero de Las Bambas está siendo mal manejado por las autoridades del Ejecutivo; sin embargo, destacó que esto no debe ser considerado como la única prioridad nacional del Estado, pues existen otros temas como la reducción de muertes por feminicidio, el crecimiento económico y la reducción de la anemia infantil.

“Ahora resulta que el tema central es Las Bambas, cuando cada dos días matan a dos mujeres por feminicidio. Estoy de acuerdo que Las Bambas es un problema que tienen que resolverlo pero de ahí improvisar a un dirigente minero con la iglesia, el Primer Ministro es sobrestimar el problema de este grupo de comuneros”, dijo.

En ese sentido, aseguró que no hay punto de comparación con lo ocurrido en su momento con Conga, porque los habitantes de Nueva Fuerabamba habían recibido, por parte de la empresa minera, casas y cerca de 750 mil soles cada uno.

Además, señaló que todos los funcionarios que se encuentran dentro del vicemisterio de gobernanza de la PCM tienen sesgo ideológico que los lleva a privilegiar “supuesto derecho de las comunidades antes de la inversión minera”.

“No me hubiera sentado a dialogar, y lo digo por mi experiencia como Primer Ministro, con carreteras tomadas, eso no es diálogo sino negociación compulsiva. Es una ingenuidad del Gobierno, pero la posición de los comuneros fue respaldada por el presidente cuando declaró que reconocía sus derechos”, concluyó.

En tanto, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó como solución a la problemática en Las Bambas la construcción de una red ferroviaria que conecte todas las mineras aledañas en la zona. Asimismo cuestionó que sea el Estado peruano el que financie la construcción de la carretera, cuando es un costo que debió asumir la compañía MMG.

“Por ahí pasan 400 camiones que mañana serán 800 porque se va a duplicar la producción, va a ser un camión cada minuto. Es insostenible en el tiempo una explotación minera de ese tipo con una carretera, tiene que construirse un ferrocarril. Finalmente la minería pasa, pero la red ferroviaria queda”, detalló.

Por otro lado, denunció que cuando se vendió la minera, se dejó de pagar impuesto en 1,500 millones de dólares. Además cuestionó que los funcionarios responsables de dicha negociación continúen trabajando de manera directa o indirecta para el Estado.

“La pregunta es cómo le perdonamos a la mina aquella omisión y después estamos regateando pesetas, centavos con los comuneros, eso me parece totalmente injusto porque con ese dinero se ha podido construir”, agregó.

Comuneros solicitan la presencia del presidente en Chalhuahuacho

En carta dirigida al presidente de la República, Martín Vizcarra, los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba, encabezados por Gregorio Rojas, solicitaron su presencia en la ciudad de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, "a la brevedad posible, para dar solución inmediata a toda la problemática de (…) Apurímac” y  “dejar atrás la etapa difícil que causa dolor e incertidumbre a miles de comuneros de las regiones del corredor minero".

En la misiva fechada ayer le recuerdan a Vizcarra que han cursado documentos y pedidos de solución a su problema ante la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones, y el Congreso, entre otras entidades, habiendo agotado, afirman, sus pedidos ante todas las instancias del Gobierno Central y de la minera MMG Limited.

Los comuneros señalan que el MTC, en forma unilateral y sin consulta previa, modificó el estatus de las vías de comunicación “en nuestra propiedad del fundo Yavi Yavi para favorecer intereses extranjeros", por lo que cualquier negociación "solo le compete a nuestra comunidad y a MMG Las Bambas, más no al Estado peruano", advierten.

Además, piden el cese inmediato de los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; de Transportes, Edmer Trujillo, y el viceministro de Gobernanza, Raúl Molina.

PLINIO ESQUINARILA

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