Fiscales encubren a Odebrecht

Ante la posición del fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, de que las investigaciones preliminares contra Odebrecht por casos como el Gasoducto del Sur, Olmos y otras no son procesos formales, desde diversos sectores lo acusaron de maniobrar irregularmente para que el Estado le pague 524 millones de soles a la constructora brasileña.

“Están usando una fórmula de evadir responsabilidades, apelando a interpretaciones del Nuevo Código Procesal Penal. Con ese criterio, pueden durar varios años hasta la etapa preparatoria. Lo que están haciendo es burlarse de la opinión pública. Se sigue mintiendo, y Fiscalía respalda esas mentiras”, cuestionó el penalista Luis Lamas Puccio.

Según la sentencia de la jueza María Álvarez, que homologa el acuerdo de colaboración eficaz, en la parte del dinero que se le retiene a Odebrecht –en este caso, por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla–, se dice lo siguiente para liberar el fideicomiso: “Que no existan investigaciones o procesos penales en los cuales se evidencia sospecha de responsabilidad penal contra la empresa Odebrecht o sus dependientes”.

Sin embargo, Vela ensaya un criterio adicional al del documento.

"Este despacho interpreta de la sentencia (...) que la información solicitada es en relación a las investigaciones preparatorias donde la carpeta fiscal se encuentra judicializada de manera efectiva ya que en la investigación preliminar el dominio funcional solo se corresponde al representante del Ministerio Público", indica el fiscal.

Lamas Puccio explicó que esto es una “triquiñuela jurídica”, para tener algún argumento que presentar al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial, lo cual merece pronunciamiento de los poderes del Estado, por ser un asunto de interés nacional.

“Con ese criterio, ahora va a haber investigados e indagados, cuando Odebrecht enfrenta todo tipo de investigaciones. Es una triquiñuela jurídica. Acá deben pronunciarse la fiscal de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Congreso y otros organismos. Eso es un asunto de Estado”, acotó.

Sobre la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, el domingo tomó nueve días de vacaciones, pedidos el 19 de julio. Lo particular es que si se le daban días libres antes, correspondía ocupar su puesto a Pedro Chávarry –el fiscal supremo más antiguo–, quien ha tenido confrontaciones públicas con el equipo Lava Jato.

Como se esperó hasta el 31 de julio, Pablo Sánchez pudo regresar de su descanso médico, y evitar que un alto magistrado independiente del Poder Ejecutivo pueda abocarse –eventualmente– a ver el informe sobre los 524 millones de soles.

Para la congresista Yeni Vilcatoma, esto no es solo una apreciación errónea, sino complicidad con la empresa más corrupta que ha pasado por el Perú.

“¿Cómo que no hay procesos? El Gasoducto cuenta con las colaboraciones eficaces de peruanos del 2015 y 2017. ¿Por qué no formalizaron investigación preparatoria? Se llama omisión encubridora. La corrupción en fiscales es evidente. Construyen un argumento falso y contra lo previsto en el Código Procesal Penal, para favorecer a delincuente Odebrecht. Es como devolverle a Pablo Escobar el dinero por venta de cocaína”, sostuvo.

Para el experto en temas energéticos, César Gutiérrez, un eventual pago de los 524 millones de soles a Odebrecht sería contraproducente porque todas las exculpaciones de esta empresa tendrían que estar previamente acreditadas ante la autoridad judicial mediante el archivo de los expedientes.

"Si aún se tiene como 20 casos de presunto soborno, y solo se ha cerrado en cuatro, es obvio que se debe retener el saldo de la venta de Chaglla por  los casos pendientes, en especial sobre el gasoducto, y no estar haciendo disquisiciones sobre investigaciones 'preliminares' y 'preparatorias'", señala Gutiérrez.

"Los fiscales no pueden estar esperando sentencias para tomar previsiones de una posible reparación civil nueva o nuevas, sobre todo en el gasoducto. Y es que la probabilidad de culpabilidad existe", subrayó.

MÁS DEL GASODUCTO

Sobre este tema es preciso recordar que el estudio jurídico Delmar Ugarte, que hizo el informe de Proinversión para dejar un solo postor en la buena pro para el Gasoducto del Sur –la constructora Odebrecht Latinvest consorciada con la española Enagás–, ha despedido el último 22 de julio a uno de sus socios, el abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, por estar implicado en sobornos en este sonado caso.

El portal IDL-Reporteros dio la noticia siete días después afirmando que al citado letrado le corresponde el "codinome" "Magali" que apareció en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como receptor de 450 mil dólares relacionados al citado gasoducto.

"‘Magali’ (Ronceros) recibió un total de 450 mil dólares, en cuatro pagos, entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, de acuerdo con el registro de las planillas que IDL-R publicó el 26 de junio pasado", dice la nota.

Si entre el 2012 y el 2014 el estudio Delmar Ugarte asesoró legalmente al comité de Proinversión a celebrar el contrato de concesión y hacer informes legales, entre ellos el que recomendó descalificar al postor competidor de Odebrecht, es decir el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI), este solo hecho es grave, más si el contrato tenía cláusula anticorrupción.

Dicho de otra forma, si el abogado de la autoridad fue sobornado, eso significa que la decisión de Proinversión fue pagada por uno de los interesados, en este caso Odebrecht y eventualmente su socia Enagás, habiendo de por medio cláusula anticorrupción.

Reconoce soborno

En el informe remitido al Ministerio de Justicia, se revela que Odebrecht también ha reconocido pagos de sobornos para la obra 'Rehabilitación y mejoramiento de la carretera de empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sista', ubicada en Tarapoto. Esta se licitó cuando el actual congresista César Villanueva era gobernador regional de San Martín.

Martín Vizcarra se opone a devolución del dinero

El presidente Martín Vizcarra expresó su disconformidad, este jueves, con la decisión de devolver los S/ 524 millones del fideicomiso que reclama Odebrecht al Estado peruano por la venta de la hidroeléctrica Chaglla a una transnacional china.

"Mi posición es que dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro", indicó el Mandatario desde Iquitos.

"El daño (hecho por la empresa) es tan grande que no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución; cuando de acá a un corto tiempo tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos", añadió.

Estas declaraciones se dieron no obstante que en el informe enviado por el equipo especial a cargo del caso Lava jato de la Fiscalía al Ministerio de Justicia, se afirma que la constructora brasileña no tiene procesos penales en curso, requisito exigido por la jueza que homologó el acuerdo, María Álvarez Camacho, para que Odebrecht reciba los S/ 524 millones.

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