Ricardo León Dueñas

Rafael López Aliaga, el alcalde metropolitano de Lima, es un hombre confrontacional… no cabe duda de ello. Su estilo directo y poco “político” polariza; así, hay quienes lo adoran y también quienes lo detestan. Pocos son los indiferentes. El burgomaestre capitalino proviene de la empresa privada; de hecho, fue un exitoso financista que incursionó en el negocio hotelero y ferroviario.

Se cumplen cuatro años de esa funesta semana de noviembre de 2020, cuando el Congreso de aquel entonces se puso los pantalones largos y tuvo el coraje y valentía de vacar al sinvergüenza de Martín Vizcarra.

Finalizada la denominada “Guerra Civil de 1948”, el entonces presidente de Costa Rica, José “Don Pepe” Figueres, decidió, en un acto tan controvertido y audaz como polémico e inusual, suprimir las fuerzas armadas de su país, fundando así la Segunda República de ese país centroamericano.

Tiene toda la razón el congresista Fernando Rospigliosi cuando afirma que el sistema de justicia está colapsado y, además, podrido, salvo honrosas excepciones. A este colapso y podredumbre, que viene de muy largo tiempo, se le tiene que agregar la extrema politización tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y, por supuesto, en la inefable Junta Nacional de Justicia.

Nadie discute que tenemos un gobierno débil, mediocre y errático, uno a merced de un Congreso ultra, archi, hiper fraccionado que lo apoya coyunturalmente y acorde a sus intereses políticos. En este escenario dantesco, no sorprende que mafias transnacionales hayan puesto su puntería en nuestro país.

Con la muerte de Alberto Fujimori (1938-2024) se cierra un capítulo y se abren otros en la historia peruana reciente, tanto para el mismo fujimorismo como para ese antifujimorismo rabioso y obsesivo que vive de un odio atávico hacia una figura predominante y muy controversial en las últimas décadas.

1.- La ofensiva (o contraofensiva, como se quiera ver) de la caviarada/progresía nacional para no perder el poder acumulado en la justicia es inconmensurable. Sus avezados operadores políticos están sumamente activos, pretendiendo perpetuar sus gollerías y el nefasto statu quo acumulado por años.

Cuando determinadas figuras del derecho penal se distorsionan por efecto de la judicialización de la política o por incorrectas interpretaciones de malos operadores de justicia, se recurre a instancias superiores para poner orden u operan cambios en la legislación para restablecer el sentido filosófico de la justicia, que no es otra cosa que darle a cada quien lo que le corresponde.

El régimen tiránico del dictador Nicolás Maduro en Venezuela ha decidido aferrarse al poder acudiendo a una desesperada y violenta reacción contra el pueblo venezolano.

Estuve –y estoy– de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori y que este no puede ni debe revertirse: es cosa juzgada.

No sorprende la insistente campaña de desinformación emprendida por algunos activistas y operadores de la izquierda y progresía-caviarada que pretenden perpetuar ad infinitum la persecución a miembros de las fuerzas del orden que vencieron militarmente a los terroristas de ultraizquierda que asolaron nuestra patria a finales del siglo pasado y que actualmente o están procesados interminablement

Es un secreto a voces que existe un pequeño grupo de gente muy influyente que viene controlando tras bambalinas el país y desde hace varios años: la denominada casta progre/caviar. Muchos podrán objetar sino desconocer y hasta burlarse de esta afirmación, pero las evidencias son cada vez más contundentes.

El Artículo 24° “Irretroactividad ratione personae” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece clara y meridianamente lo siguiente: “1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

Finalmente se consumó el atropello contra Patricia Benavides, quien fue destituida ilegal y abusivamente por una politizada e incompleta Junta Nacional de Justicia por cinco votos a cero, previamente el Congreso había inhabilitado a dos de sus integrantes.

En medio de un enrarecido clima político y de absoluta inseguridad ciudadana, consecuencia de la inacción de un gobierno acorralado por sus propios errores y por una sostenida campaña -justificada o no- en su contra, viene pasando inadvertida la Ley 31684 de enero de 2023 que modifica dos artículos y una disposición complementaria de la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejé

Han pasado más de cinco años del suicidio de Alan García y hasta la fecha no se han encontrado esos millones que le atribuían, esos que afirmaban sus odiadores profesionales había obtenido ilícitamente. No hay cuentas cifradas, no hay tampoco de las otras; sus herederos viven igual que como el expresidente vivía, mesocráticamente, sin signos exteriores de riqueza.

Hace unos días el abogado Humberto Abanto fue agredido físicamente en la vía pública luego de una diligencia judicial.

En un país donde los procesos penales son eternos, durando años sino décadas y las diligencias de todo tipo interminables y por lo general extemporáneas, resulta altamente revelador sino sospechoso el inédito, expeditivo e inusitadamente violento allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte el último Viernes Santo para encontrar afanosamente los benditos relojes Rolex.