Marcos Ibazeta Marino

Ya disuelto el Congreso por el presidente mediante una interpretación constitucional harto discutible, con el Tribunal Constitucional que, prefiriendo hacerse de la vista gorda, no ha reaccionado definiendo la constitucionalidad o no de dicha medida aplicando principios de derecho constitucional ante una situación atípica que desborda la ley sobre determinación de competencias, observando una l

El Tribunal Constitucional no es un ente cualquiera. Es el órgano encargado de garantizar la constitucionalidad normativa, la validez constitucional de los actos de gobierno, de los funcionarios de todo el aparato estatal cuando corresponda y la defensa de los derechos fundamentales de la población.

Nos hemos venido acostumbrando a una letanía que reproducen con entusiasmo muchos medios de comunicación social en relación con la presunta necesidad de un cambio de modelo económico y, por ende, de una modificación constitucional para convertir al Estado promotor en un Estado empresario.

Desde los inicios de esta columna hemos venido advirtiendo de la mutación de las organizaciones terroristas, las cuales, habiendo sido vencidas militarmente, venían desarrollando una exitosa guerra política cuyo objetivo es la captura del poder participando en contiendas electorales pero demoliendo la institucionalidad mediante la infiltración en la base social y en toda la estructura del Estad

La Teoría del Estado nos enseña que, a través del contrato social, sea cual fuere la concepción y materialización del mismo en el concepto jurídico, lo cierto es que debe alcanzar determinados estándares para constituirse en un Estado de Derecho, en el cual, la nación que es la titular del poder, delega éste en autoridades cuyas atribuciones deben estar perfectamente establecidas para evitar el

Para la vigencia de un sistema democrático es indispensable la separación y el equilibrio de poderes para que surja un Estado de Derecho en donde los controles del ejercicio del poder sean mutuos.

Desde esta columna hemos venido, desde hace bastante tiempo, alentando la defensa de nuestra institucionalidad democrática para evitar autocracias disfrazadas de constitucionalidad, exigiendo un mínimo de consensos de gobernabilidad en un escenario de encarnizada confrontación con fines de mutua destrucción.

Es por todos conocido que el estado de postración al que llegan las instituciones del Estado se produce cíclicamente porque jamás en el liderazgo nacional, tal vez con un mínimo de excepciones, ha existido una visión de futuro y un trabajo en el presente para construir esa visión de manera coherente, a bajo costo con mucho beneficio, pero dentro de severos parámetros de honradez.

Mientras que el Presidente viaja por todo el Perú inaugurando obras invisibles o poniendo la “primera piedra” de estudios técnicos para futuras obras o calificando como obra cumplida una trocha afirmada de tierra que para ser carretera le falta inversión en mejoramiento de diseño y asfaltado; o, instando a los grupos radicales antimineros a realizar protestas violentas para paralizar inversione

La actitud del presidente Vizcarra como el que encarna a la Nación Peruana, en las últimas semanas, ha sido más que deplorable, porque en vez de pensar y actuar como un estadista que, representando a todos los peruanos, debe buscar consensos mínimos de gobernabilidad en aras del bien común, ha utilizado un discurso de confrontación irreconciliable, impulsando desde palacio, una reacción de cier

Nuestros mayores siempre nos han inculcado que cuando algo produce buenos resultados debe mantenerse sin cambios innecesarios, sin que por eso se le pueda imputar al que piensa de manera tan sabia, el sambenito de conservador o cavernícola.

La habilidosa jugada empresarial de Odebrecht le sigue dando excelentes resultados.

Tal parece que ni nos hemos consolidado como nación ni hemos construido un pensamiento colectivo con objetivos claros sobre el desarrollo que nos conviene ni hemos logrado un mínimo de unidad nacional sobre la base de nuestro origen, raza, historia y costumbres.

En nuestro artículo publicado la semana que pasó nos preguntábamos si el otorgamiento de la licencia de construcción a Southern por el proyecto cuprífero de Tía María había sido un simple error de cálculo o una abierta provocación al desmadre social por parte del gobierno.

Para quienes pensamos que el Perú jamás debe renunciar a la explotación de sus recursos cuidando meticulosamente el medio ambiente, porque es el único camino de una industrialización limpia que jamás hemos intentado construir, motivo por el cual siempre somos exportadores primarios que vendemos barato y compramos caro lo que otros transforman en bienes y servicios con lo que les vendemos; no ge

En el Perú tenemos una eterna vocación suicida respecto a nuestra supervivencia y potenciamiento como Estado. Cíclicamente terminamos echando por la borda toda la institucionalidad con el manido recurso de manosear la Constitución o simplemente sustituirla por otra. Somos los reyes de Constituciones generadas para cada gobierno y para cada gusto.

La grave inestabilidad política y social que va desmoronando la institucionalidad en el país, con una economía que parece estar en caída libre, la ley de la turba parece que terminará imponiéndose como un poder real capaz de paralizar y poner de rodillas, como ya ha sucedido anteriormente, a todo el Estado.

El Gobierno se embarcó, dentro de su plan de confrontación con el Congreso, en proyectos de reforma política que, por el tiempo en que se aplicarán, no sabemos a ciencia cierta si tendrán o no efectos positivos; sin percatarse que, en el presente, los problemas económicos y sociales estaban muy acentuados, tanto que a la fecha parecería que están fuera de control.