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Luis García Miró Elguera

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Luis García Miró Elguera

Confiep, afortunadamente presidida una vez más por otro empresario de polendas, como Alfonso Bustamante Canny, ha presentado ante la comisión de Descentralización del Congreso una propuesta para reformular la Constitución que podría significar beneficios al Perú. Analicemos algunas de ellas.

En reciente entrevista, el abogado Lucas Ghersi realizó un análisis sobre los llamados ‘caviares’ en el Perú. Sostuvo que este sector “no es mayoritario en ninguna parte del país y, desde el punto de vista electoral, es considerado como un grupo insignificante.

La norma obliga a los jueces y fiscales del Perú a someterse a una serie de exámenes, tanto para su ingreso a la Judicatura como para renovar su permanencia en ella. Sin embargo, bajo excusas o subterfugios, hace siete años que el fiscal Domingo Pérez Gómez se resistiría a pasar la prueba psicológica. ¡Y no pasa nada! ¿No es esta, acaso, una anormalidad?

Como consecuencia de los ya casi 202 años de vida republicana que tiene el país, por culpa de los sucesivos congresos democráticos que han conducido nuestro destino hoy el Perú cuenta con cerca de cincuenta mil leyes y decretos leyes; sin contar la infinidad de decretos supremos y demás normas de carácter legal de cumplimiento obligatorio.

Leamos tres titulares publicados ayer por EXPRESO, y saquemos conclusiones: 1) ”Fracasó el paro seco en Puno”; 2) “Cinco mil personas viajarán desde el Sur hacia la capital para realizar tercera toma de Lima”; 3) “Verónika Mendoza: ‘Quizá tome un poquitito más de tiempo, pero tumbaremos a Dina Boluarte’”. En primer lugar, merece destacar lo ocurrido en Puno.

Comentábamos ayer la condenable actuación de Fuerza Popular. Esta vez, en una segunda oportunidad en que se deja ver el fustán pactando con el enemigo. En este caso, conciliando con la izquierda. Porque, amable lector, la misión de la izquierda peruana, en general, es aniquilar al fujimorismo.

Política, según la RAE, es “La actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”. Asimismo, es “El arte o traza con que se conduce a asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado”.

La escasez de dignidad es una de las principales características de la mancha de peruanos que hoy fungen de políticos, siendo en realidad una comparsa de menesterosos, incapaces, adefesieros, aprovechadores, incultos, pordioseros, corruptos y, por si fuera insuficiente, indignos hasta la pared del frente.

La degradación de la sociedad peruana va alcanzando cotas de vértigo. Basta dar una mirada alrededor para entender la gravedad del momento. Del puesto más influyente, hasta al pinche asistente de ambulante, toda actividad tiende a la informalización, marginándose del Estado de Derecho. Daría la impresión de que no existe manera de dar vuelta atrás.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un ente constitucional y autónomo; pero peligroso y de origen debatible. Surgió hermanada al “Escándalo los Cuellos Blancos”, montaje de la izquierda caviar para controlar la Judicatura, el sistema electoral (JNE/ONPE) y, asimismo, Reniec, organismo encargado de registrar la identificación de los 33 millones de peruanos.

Los caviares –y ciertamente, la corrupción– están alineados detrás de la colosal defensa que se ha montado alrededor de la fiscal Zoraida Ávalos, para evitar que la sancione el Congreso. No debemos ignorar que ella es un factótum en la desbocada carrera -hacia ninguna parte- de los fiscaletes Rafael Vela Barba y Domingo Pérez Gómez.

La aún fiscal Suprema Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación, tiene una conducta infame para una institución básica para la Democracia y el Estado de Derecho, como aquella que dirigiera, como primer Fiscal de la Nación don Gonzalo Ortiz de Zevallos Roel. Por declaración propia, ella carece de tesis profesional.

El 20 de diciembre de 2016 Pablo Sánchez, por entonces fiscal de la Nación, nombraba al Fiscal Superior Hamilton Castro para que conforme la “Comisión Especial Lava Jato” que investigaría el “affaire Odebrecht”. Castro designaba a Rafael Vela Barba y Domingo Pérez como parte del equipo que se encargaría del mayor escándalo de corrupción que registra la República.

Hay sujetos minúsculos, aunque muy petulantes, que efímeramente pasan por el poder creyéndose seres superiores.

Al amparo de la libertad de expresión, la mafia mediática más conocida como ”gran prensa” sigue mandando en el país. Pone y saca presidentes; condena a inocentes y/o libera a delincuentes; ancla y/o remueve a Fiscales de la Nación; manipula al poder Judicial. ¡La extensa lista de procedimientos ilícitos ocuparía toda esta columna!

Tal vez resentida con la sociedad por los tres consecutivos reveses electorales que ha sufrido en segunda vuelta: 2011 ganó Humala (7’937,704) votos; Keiko segunda, con 7’492,547 votos; 2016 ganó Kuczynski (8’596,237 votos); Keiko segunda, con 8’555,880 votos; y 2021 ganó Castillo (8’836,380 votos), y Keiko segunda, con 8’792,117 votos, la lideresa del partido Fuerza Popular, sucesor de la agru

El deporte de la política peruana gira alrededor de una contienda cuyo ganador será aquel concursante que mienta mejor, emulando una suerte de Olimpiada donde gana el que proponga la falsedad más contundente o dispare la moción más inverosímil.

El Congreso peruano continúa descomponiéndose de manera desesperada, en su alucinante carrera hacia ningún otro lado que a la descomposición absoluta de aquello que alguna vez se conoció como el Primer Poder del Estado. No es cosa de hoy. El desmoronamiento de nuestro poder Legislativo viene de atrás.

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