Hugo Guerra

Han pasado cien días del gobierno de Boluarte y no hay nada que celebrar. Solo se puede esbozar un inventario de la nada, de un régimen inerte.

La novelería de los políticos es insoportable. Ahora todos se sobresaltan por el desastre político pero relegan el problema medular del país: la sublevación de Puno y la posibilidad de que se separe del territorio nacional.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha incurrido en el peor defecto que puede tener un varón y un político: la cobardía.

En el plano de la seguridad nacional se ha avanzado mucho pero se ha conseguido poco. La paradoja se explica porque nos hemos convertido en bastión de la lucha continental contra el comunismo, pero al mismo tiempo las amenazas internas y extranjeras se multiplican peligrosamente.

Sigue la guerra no convencional. Los ataques frontales subversivos han disminuido pero Inteligencia advierte que el terrorismo probablemente volverá a la carga hacia el fin de esta semana.

Dina Boluarte es una mujer sin escrúpulos, a quien solo le importa el poder y asegurarse un futuro exento de persecuciones por presuntas violaciones de derechos humanos. En tal afán, no tiene el menor remordimiento por el experimento cruel de lanzar a las fuerzas militares y a la policía a enfrentar al terrorismo con las manos atadas.

Con decenas de muertos, centenares de heridos y sin estrategias claras comienza una semana más de desastre político por culpa personalísima de Dina Boluarte y Alberto Otárola, quienes han cedido a la extorsión de las ONG y el sistema interamericano que trafican con los DD.HH.

Desde la traición de Piérola a los defensores de Lima en 1881 jamás habíamos visto una actitud tan miserable como la perpetrada por Dina Boluarte en su mensaje del domingo.

El ataque subversivo contra el Perú no ha terminado y ni siquiera amainado. Los atentados quizá no tienen en Lima la espectacularidad de las acciones iniciales, la prensa ya no transmite en directo las 24 horas y la población le presta menos atención y sigue su vida “normal”, lo cual es tan pernicioso como pretender que hemos derrotado el terrorismo.

El discurso político de Dina Boluarte y Alberto Otárola ha mejorado sustantivamente, pero no seamos ilusos, la derrota de la subversión todavía es un objetivo lejano.

Dina Boluarte está demostrando que ella y su ministro Otárola son el gran problema para pacificar el país en términos y plazos razonables. Por eso el beneficio de la duda inicial se acabó y hoy hay que presionar por todos los medios democráticos para que el Perú no se nos vaya de las manos.

Comienza el 2023 en tensa calma, porque si bien hay signos importantes de recuperación democrática como la toma de mando de nuevos alcaldes surgidos de la voluntad popular, también pesa sobre el país la amenaza de la subversión terrorista que anuncia una gravísima escisión del territorio nacional.

Pese a las fiestas, no es tiempo para bajar la guardia. La subversión terrorista amenaza con una nueva ola de ataques y el estado debe estar prevenido para responder con todo.

Hemos entrado en un período absolutamente singular de la vida republicana. Tenemos a la primera presidente mujer y un Gabinete de Guerra que en apenas dos semanas ha empezado a devolver la paz y el orden a un país que parecía estar yéndose de la manos ante el ataque subversivo y terrorista lanzado por la izquierda vinculada tanto al MRTA cuanto a Sendero Luminoso.

Seamos realistas, en el gobierno de Boluarte hay lo que hay. Podríamos plantear mil críticas, pero hemos conseguido lo indispensable: Castillo, vacado por flagrancia golpista, ya puede ser procesado con garantías y plazos legales; la sucesión presidencial es constitucional; y resulta razonable el adelanto de las elecciones generales para el 2024.

El archivamiento de la acusación constitucional contra Dina Boluarte constituye un insulto a la inteligencia y a la justicia. Debe ser revisado por la Comisión Permanente del Congreso y las fuerzas democráticas deben prepararse para enfrentar el plan caviar -financiado por un banco- para asaltar nuevamente el poder.

En un tuit que pasará a la historia el congresista Alejandro Cavero ha resumido la situación presente señalando: “La única forma de evitar el cierre del Congreso es destituyendo a Pedro Castillo. Matar o morir”.

Ha comenzado la farsa de la “Alta Misión” de la OEA a cargo de dar “Respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú”. Tarea que, traducida, solo implica pisotear la soberanía y la dignidad nacional en aras de satisfacer los intereses innobles de la organización hemisférica y apoyar al gobierno del delincuente Castillo.