Ernesto Álvarez Miranda

La Convención de Filadelfia que redactó la Constitución Norteamericana de 1787 nunca tuvo la intención de crear un presidencialismo ni mucho menos tener un gobierno federal liderado por un presidente poderoso.

Las Constituciones de 1979 y 1993 nos trajeron el concepto de dignidad humana, enrraizado no solo en toda interpretación constitucional sino también en los pensamientos y actitudes de la inmensa mayoría de peruanos, constituyéndose en paradigma para toda conducta humana.

Históricamente, hay dos ideas que en el Perú han sido repetidas en varias Constituciones por considerarlas soluciones eficaces a problemas puntuales, pero siempre han fracasado. Sin embargo, algunos insisten en lo mismo: la creencia que descentralizar significa otorgar competencias a élites departamentales inexistentes, y la renovación por mitades o tercios de las Cámaras del Congreso.

Resulta obvio que el proceso de reforma política es un instrumento del Presidente para dar la impresión de estar impulsando los cambios que el país necesita, en el afán por mantener su ubicación en las encuestas; lo que perciba cada semana la opinión pública es lo verdaderamente importante.

Cuando los académicos de izquierda escriben sobre la universidad expresan su aversión por la oferta privada de servicios educativos, con la misma pasión con la que sostenían en los 70 la existencia de actividades estratégicas como la telefonía, que no debía quedar en manos de empresarios particulares.

Cuando Acción Popular y el Apra lograron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en 1980 y 1985 respectivamente, lo hicieron con los militantes de cada uno de los Departamentos donde habían construido liderazgo; no existía la posibilidad de postular en movimientos independientes o vientres de alquiler; por tanto, todas las personas con aspiración política se encontraban militando en algu

Como la Constitución y la Universidad, el Parlamento es un invento surgido en la Edad Media. El poder creciente de los residentes de las ciudades hace necesario incorporarlos en los procesos de decisión política más importantes, como la solución para complejos problemas de sucesión dinástica o la aprobación de nuevos impuestos para el financiamiento del gobierno y de las guerras.

En el tema laboral, las buenas intenciones han ido perdiendo conexión con la realidad.

Las instituciones democráticas siempre se han desarrollado por necesidad, y a partir de ahí, fueron teorizadas por autores que describieron lo que estaban observando. Al principio de la Edad Media el poder económico residió en la propiedad de la tierra, así,  una sociedad vertical regida por el pacto de vasallaje necesitó de una autoridad que asegurara orden y seguridad.

La ofensa más grave al socialismo es reclamarle objetividad en la observación de los resultados producidos por la aplicación de sus recetas; mientras que el mayor alago al del capitalismo es destacar la constatación empírica de sus consecuencias.

La prueba máxima de madurez política es la capacidad de renuncia al poder, aun a costa de ocasionar graves perjuicios a la comunidad a la que se dice servir. Felipe González y Margaret Thatcher son dos personajes que asumieron el final de sus ciclos, dejando paso a la generación siguiente.

Habiendo perdido Fuerza Popular la batalla por el control del Congreso, es momento de retomar el debate académico sobre la cuestión de confianza, sin el apasionamiento anterior, pues el fragor de la lucha y el olor a sangre impedían concentrarse con racionalidad en afinar los controles políticos interógano entre Ejecutivo y Legislativo, concretamente, la cuestión de confianza.

Desde Aristóteles, se considera que el tipo ideal de gobierno es el denominado mixto, pues une la mayor virtud del gobierno aristocrático: la esmerada formación de quienes toman y ejecutan las decisiones trascendentales para el Estado; y de la democracia: la legitimidad que tienen las decisiones respaldadas por la mayoría de ciudadanos.

Aparentemente superada la crisis del Ministerio Público, se debe concluir lo antes posible el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de la novísima Junta Nacional de Justicia, y una vez aprobado, comenzará a correr el plazo de 90 días para que la comisión que preside el defensor del Pueblo seleccione a los integrantes de la Junta.

Habitualmente, los peruanos solemos recordar el autoritarismo del Virrey, para tratar de explicar el supuesto encanto que ejerce en nosotros el deseo de una mano firme, un liderazgo cuya fortaleza supere los angostos límites constitucionales en procura del objetivo de moda, ya sea seguridad, nacionalismo o anticorrupción.

La Asamblea Constituyente de 1978 fue objeto de estudio en el mundo entero, acuñándose el concepto de ‘salida a la peruana’. Desde entonces, se ha escrito mucho de la gesta de recuperar la democracia con diálogo y negociación. Incluso la izquierda marxista, que se negó a firmar el texto constitucional, años después asumió con cierto orgullo su ardorosa participación en los debates.