Diethell Columbus Murata

Hace tres años un 8 de febrero del 2017 se encontró un laboratorio clandestino en el distrito de San Miguel donde se incautó 5 kg de marihuana junto a equipamiento para producir aceite. Durante la intervención un grupo de personas se manifestó argumentando que esa producción era destinada para pacientes que sufrían enfermedades que eran aliviadas por este aceite.

Nuestras autoridades, tanto del gobierno nacional como de la metrópoli, demuestran día con día su incapacidad para atender los problemas más álgidos que aquejan a las grandes mayorías, pero sobre todo una preocupante desconexión con la realidad.

Cuando Jorge Muñoz gana las elecciones municipales del año pasado, fui uno de los primeros (sino el primero) en desearle éxito en su gestión municipal. Nadie en su sano juicio (me incluyo) esperaría que su gestión fracase, pues ello supone mayor malestar para todos los que vivimos en la capital.

Hace unos días, el vizcarrismo anunció una serie de medidas que buscan engatusar al ciudadano y de paso disimular su evidente incapacidad de gestión. Una de esas propuestas ha sido el abordar (una vez más) el aumento de la remuneración mínima vital (RMV).

Algunas amistades que ya se decidieron a postular en los comicios complementarios de enero del próximo año me comentan que una de sus principales banderas de campaña, sino la principal, será la defensa del modelo económico consagrado en la Constitución de 1993.

Parafraseando el eufemismo empleado recientemente por la Comisión de Venecia, resulta “inusual” que un régimen dictatorial como el del sátrapa Maduro haya sido elegido para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH-ONU). ¡Vergonzoso!

El desconocimiento general de aquello que dispone la ley es sorprendente y esta semana lo hemos visto en algunas notas periodísticas sobre el Jurado Nacional de Elecciones o en lo dicho por Martín Vizcarra contra Pedro Olaechea.

El domingo pasado, Martín Vizcarra señaló en una entrevista que los actos realizados por el Congreso de la República se ceñían a lo que la ley los facultaba; empero, recalcó que para él eso no era lo conveniente. En una democracia madura sería impensable que un gobernante declare que el cumplimiento de la ley es relativo o inapropiado.

Es innegable que a Martín Vizcarra le quedó grande el encargo de asumir la presidencia de la República. Las cifras avalan mi cruda premisa. Y no me refiero a los resultados de volátiles sondeos de opinión sino a data irrefutable emitida por el propio gobierno.

Hablar del sistema justicia en el contexto actual nos remite inconscientemente a las investigaciones del caso Lava Jato, a los fiscales mediáticos, a los jueces caneros y a los discursos (populistas) sobre la lucha anticorrupción.

Según los resultados del Latinobarómetro 2018, solo un 43% de peruanos apoya a la Democracia como sistema de Gobierno. Quizá una visión simplista de estos resultados podría llevar a que algunos afirmen que esto es producto de la polarización política que padecemos actualmente.

Hace unos días, tres ciudadanas españolas que además son veganas, izquierdistas, feministas, animalistas, “ideólogas de género” y anti especistas, causaron revuelo en el reino de España y en varias partes del mundo por su férrea defensa de los “derechos fundamentales” de las gallin(e)s. Pueden googlear o buscar en YouTube las entrevistas o videos sobre este caso.

Nunca he ido a un festejo taurino, pero me queda claro que, para los aficionados a la tauromaquia, la fiesta brava es una expresión artística que forma parte de nuestra identidad cultural y tradición y, en esa misma línea, el Tribunal Constitucional peruano señaló en una sentencia del año 2010 lo siguiente: “la tauromaquia se ha incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística

La izquierda en su delirio considera que son ellos y nadie más que ellos los que rescatarán a nuestra economía de la parálisis en la que se encuentra y para ello plantean la receta trillada de aumentar la inversión pública nacional como principal medio para lograr un mayor crecimiento.

A propósito del proyecto minero de “Tía María”, el presidente Vizcarra, con miras a congraciarse con los grupos antimineros y haciéndole guiños a la izquierda, ha declarado que “respetar el Estado de Derecho no significa sacar un proyecto a sangre y fuego”.

Hace dos años, el procurador anticorrupción, Amado Enco, se refería a su colega el procurador ad hoc, Jorge Ramírez, afirmando que él es una “persona competente y honorable”.

La corruptora Odebrecht fue premiada con un vergonzoso acuerdo entreguista avalado los representantes del Ministerio Público y el procurador Ad Hoc que representa a este gobierno. Entre otras perlas, este pacto infame estableció que tenemos que reembolsar a la empresa carioca 524 millones de Soles como consecuencia de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. ¡Vergonzoso!

“Las circunstancias en que asumimos el gobierno son por todos conocidas. Encontramos una economía frenada y una polarización política que generó un ambiente de incertidumbre, que se vio reflejado en la disminución del crecimiento y de las inversiones.”