Ucayali: nativos de Raymondi denuncian asesinatos y despoblamiento por madereras mientras autoridades permanecen en silencio

Comunidades y caseríos del distrito de Raymondi, en la provincia de Atalaya, región Ucayali, denunciaron la acción de una organización delictiva vinculada a empresas madereras que ha provocado asesinatos, desapariciones y despoblamiento en la zona.

El presidente del Frente Único de los Intereses de la Provincia de Ucayali, Víctor Raúl Dipas Tovar, indicó que las autoridades locales, regionales y nacionales han permanecido en silencio frente a la situación, lo que motivó que las comunidades declararan personas non gratas a los funcionarios por no proteger la vida de los nativos.

Según el dirigente, se han registrado cuatro muertes en la selva, de las cuales solo se han identificado a dos comuneros de Maniquiari: Benny Raúl Coquinche Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez, supuestamente asesinados el 12 de noviembre de 2025. Otros dos nativos del caserío de Marañaza también habrían sido ultimados, mientras que circulan rumores de desaparecidos en áreas alejadas.

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Dipas atribuyó la responsabilidad principalmente a la empresa maderera Florida SAC, vinculada al excongresista Jaime Velásquez, y a otra empresa menor del mismo rubro. “Florida ha conseguido una concesión en toda la zona del distrito de Raymondi sin inspección ocular”, afirmó el dirigente.

El dirigente detalló que personal de la empresa, identificado como “guardabosques” y encabezado por Juan Cagna bajo directivas de Martín Soplapuco, habría armado barreras que impidieron el paso de los pobladores, agrediéndolos físicamente y arremetiendo contra madres con sus hijos, además de robar víveres, quemar chozas y sustraer herramientas de trabajo.

Durante cerca de tres años, estas acciones habrían generado el despoblamiento de amplias zonas, creando incluso comunidades falsas y ofreciendo lotes de 50 hectáreas de selva a precios de 15 mil soles cada uno.

Ante la falta de acción de las autoridades, los nativos recurrieron a instancias regionales y nacionales, incluyendo Serfor y el Ministerio del Interior, sin obtener respuesta. Solo el Dr. y congresista Carlos Zeballos Madarriaga ha mostrado interés en el caso, según Dipas.

Como medida de protesta y defensa, el acta del 3 de diciembre contempla acciones como enfrentar a los agresores, tomar el río Urubamba y paralizar el transporte hacia el complejo Gasífero de Camisea, con el objetivo de exigir justicia y protección para las comunidades afectadas.

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