Ucayali: Acusan a empresa Forest Product Florida de hostigamiento contra nativos, mujeres y niños en Santa Fe
Culpan a maderera de bloquear accesos y agredir a familias.
Desde el 27 y 28 de agosto de este año, un grupo vinculado presuntamente al tráfico de tierras y un empresario maderero ha bloqueado caminos y trochas de acceso a los terrenos de la comunidad nativa de Santa Fe, en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región Ucayali, cerca de la frontera con Brasil.
De acuerdo con testimonios de pobladores, estas personas —algunas de ellas indígenas contratados y presentados como “guardabosques”— estarían actuando bajo encargo de la empresa Forest Product Florida S.A.C.. Los comuneros denuncian que estos grupos agredieron físicamente a vecinos de Galilea y otras localidades, incluyendo a mujeres que transitaban con sus hijos en brazos.
“Colocan a su gente en nuestros terrenos como supuestos guardabosques, quienes armados obstruyen caminos y trochas que usamos incluso para llegar a nuestras casas”, declaró a EXPRESO un agricultor que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
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Según los comuneros, los agresores portan armas blancas, machetes, escopetas y flechas, y han llegado a impedir el ingreso a zonas de cultivo y a las viviendas en sectores como Aguas Negras.
Comunicado de la comunidad
La presidenta de la comunidad de Santa Fe, Mirtha Ruth Reátegui, responsabilizó públicamente a la empresa Forest Product Florida S.A.C. de promover la violencia contra las comunidades.
En un comunicado, solicitó a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali la anulación de los contratos de concesión otorgados a dicha compañía.
“Amparada en la Ley de Comunidades Nativas N.º 22175 y en la Constitución Política del Estado, exijo a las autoridades competentes poner fin a estas agresiones y hostigamientos”, señaló.
Asimismo, la dirigente declaró como personas no gratas a quienes identificó en las agresiones y conflictos: Juan Ochoa Mejía, Juan Cagna Figueroa, Ricardo Tintay, Wilder Lázaro Coquinche y Martín López Soplopuco.
Pedido al Estado
La comunidad de Santa Fe, junto con otras como Centro Bobinsana, Manitiari y Kimoshiri, rechazó las amenazas y exigió la intervención inmediata del Ministerio del Interior para restablecer la seguridad y garantizar el libre tránsito en la zona.
“Nuestra convivencia comunal rechaza y no permitirá más actitudes de violencia ni amenazas de muerte contra nuestros hermanos indígenas”, enfatizó Reátegui.
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