Transportistas de combis suben pasajes para pagar extorsiones de bandas armadas: ruta Lima-Callao en la mira
El incremento responde a las cuotas que imponen delincuentes.
Los transportistas del Consorcio Vía Colonial elevaron el costo de los pasajes en 0.50 céntimos para enfrentar las constantes extorsiones que imponen cinco bandas criminales en la avenida Colonial.
La decisión, que afecta a miles de usuarios, surge como respuesta a un escenario donde la violencia y las amenazas se volvieron parte del día a día de choferes y cobradores.
Los trabajadores de las 48 combis que integran la flota denunciaron que los delincuentes los obligan a cumplir con pagos semanales, bajo la advertencia de sufrir ataques si no entregan el dinero exigido.
“Que ante la grave situación de inseguridad ciudadana donde estamos siendo sujetos de extorsiones y muertes que nos encontramos todos los transportistas de la ruta colonial, nos vemos en la obligación de incrementar el precio del pasaje en S/ 0.50 para poder sostener nuestros servicios que prestamos”, indicó la empresa en un comunicado colocado en las unidades.
El reciente atentado protagonizado por alias ‘Tito’, quien disparó contra un conductor de la misma ruta, reforzó el temor entre los transportistas.
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La situación mantiene a choferes y cobradores en la primera línea de riesgo, ya que ellos mismos reúnen el dinero que financia a las organizaciones delictivas. A pesar de lo ilegal del esquema, los pasajeros terminaron asumiendo el alza del pasaje para evitar que se paralice el servicio.
La empresa Consorcio Vía Colonial instaló avisos dentro de las combis para explicar el incremento, argumentando que sin esta medida no podrían operar.
El comunicado refleja el grado de presión que soportan los transportistas, quienes dependen de la continuidad del servicio para subsistir, pero también de la discrecionalidad de los criminales que dominan la zona.
Este escenario evidencia la fragilidad de la respuesta estatal frente a la expansión de bandas de extorsionadores, que ahora convierten a los propios usuarios en financiadores involuntarios de su actividad.
En la práctica, la ciudadanía paga un costo adicional no para mejorar la movilidad, sino para sostener un sistema contaminado por la violencia.
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