TC declara inconstitucional Ley de ascensos automáticos

Por unanimidad el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ley que permite los ascensos automáticos en el personal del sector Salud.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, al considerar que el Congreso de la República asumía competencias que no le corresponden, las mismas que implican un gasto para el Estado.

Para el Gobierno el ingreso a la carrera pública debe darse en igualdad de condiciones y priorizando la meritocracia, criterios que no son compatibles con los ascensos automáticos.

INSISTENCIA

La Ley 31039 fue promulgada por insistencia el 21 de agosto por el entonces presidente del Poder Legislativo, Manuel Merino de Lama.

Esta norma disponía el ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud.

Según la ley aprobada por el Congreso, el ascenso se aplicaría al personal que labora en el Ministerio de Salud (Minsa), sus organismos públicos, gobiernos regionales y EsSalud.

Se autorizaba que el nombramiento se efectúe de manera automática para los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que laboran mediante contratos Minsa, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y servicios no personales o locación de servicios, ante la pandemia de covid-19.

Eso sería aplicable para personal que se encuentre realizando funciones o labores permanentes en los diferentes establecimientos de salud, puestos y centros de salud, hospitales e institutos especializados, incorporándolos a la carrera pública, y acrediten vínculo con el Estado por un periodo no menor de un año continuo o de dos años acumulativos de servicios.

Tras aprobarse la norma en el Parlamento, EsSalud advirtió que podría afectar a unos 11 millones de afiliados al Seguro Social.

MILLONARIO COSTO

EsSalud calculó que la norma tendría un costo anual de S/ 1,100 millones y generaría la reducción de los ingresos e incremento de los gastos antes señalados, por lo que el Seguro Social culminaría el presente año con un déficit económico de más de S/ 2,500 millones.

Por ello el procurador público Luis Huerta Guerrero interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el TC sosteniendo que la norma contravenía nueve artículos de la Constitución.

MERITOCRACIA ESTABA EN RIESGO

Cuando se aprobó la norma en el Congreso, el entonces premier Walter Martos indicó que rompía con todo el sentido de la meritocracia que se tiene en los ascensos en la carrera pública. Además, señaló que para subvencionar estos ascensos, el Estado tendría que desemboldsar millonarias sumas de dinero, lo que generaría serios problemas en plena crisis por la pandemia de la covid-19.

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