PNP reforzó seguridad en embajadas ante posible fuga de Martín Vizcarra, pero decisión judicial alteró escenario
El riesgo de un asilo político activó un operativo de emergencia.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ya había desplegado un plan urgente de vigilancia en las embajadas de México, Bolivia y Brasil ante la posibilidad de que el expresidente Martín Vizcarra intentara eludir la justicia, en caso de que el Poder Judicial ordenara su prisión preventiva.
Sin embargo, el fallo judicial descartó esta medida, desarmando lo que las autoridades policiales ya habían anticipado como un escenario crítico.
La Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) remitió un oficio al general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, con el carácter de “muy urgente”, solicitando reforzar la presencia policial en las residencias y sedes diplomáticas de los países mencionados.
El documento justificó el pedido por el riesgo de que Vizcarra solicite asilo político en esas delegaciones, dado que afronta un impedimento de salida del país vigente hasta julio de 2025, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
A pesar del despliegue preventivo, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Víctor Alcocer, rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva por seis meses.
El juez sostuvo que no existen elementos de convicción suficientes para ordenar la detención del exmandatario, aunque impuso comparecencia con restricciones, control biométrico mensual y la prohibición de acercarse a representaciones diplomáticas.
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“El juez ha considerado que no hay peligro de fuga, pero aun así me imponen medidas restrictivas. Hay una contradicción”, declaró Martín Vizcarra tras conocer la decisión judicial. Además, anunció que apelará las reglas de conducta impuestas.
Desde la Fiscalía, los argumentos incluyeron pruebas gráficas que muestran a Vizcarra desplazándose sin su personal de seguridad en el terminal terrestre de Moquegua.
El periodista Carlos Paredes, autor del libro ‘El perfil del Lagarto’, cuestionó el desempeño de los agentes que custodiaban a Vizcarra. “Los policías anotaban cualquier cosa en los reportes, hasta le consultaban al vigilado. Eso demuestra que tiene comprado hasta su resguardo”, afirmó.
En la misma línea, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero opinó que el requerimiento fiscal sí cumplía con los requisitos legales. “En Barbadillo ya deben haber acondicionado una celda, porque igual, más temprano que tarde, la sentencia condenatoria va a llegar”, advirtió.
Pese a que la PNP actuó con antelación para contener una eventual fuga o asilo diplomático, el fallo del Poder Judicial desactivó por ahora ese escenario, obligando a las autoridades a replantear su estrategia preventiva.
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