Piden mayor presupuesto para fortalecer remediación ambiental en zonas mineras
Activos Mineros advierte que no cuenta con partida asignada para el 2026, pese a su rol clave en el cierre de pasivos ambientales.
En el marco de la convención minera PERUMIN 37, Ysmael Ormeño, gerente de Operaciones de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), hizo un urgente llamado al Ejecutivo y al Congreso para asegurar una mayor asignación presupuestal destinada a fortalecer la política de remediación ambiental en el país. La empresa, especializada en el cierre de pasivos ambientales mineros, advirtió que no cuenta con una partida asignada en el Presupuesto General de la República para el año 2026.
“Activos Mineros es un ente técnico clave para atender pasivos ambientales, pero requiere recursos suficientes. El Ministerio de Energía y Minas hace esfuerzos importantes, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Para el 2026, tenemos entendido que no se ha previsto financiamiento para nuestra empresa”, indicó Ormeño. Según explicó, esta omisión compromete el avance de proyectos vitales y debilita la confianza en las zonas afectadas por la antigua minería.
El gerente recordó que AMSAC ha ejecutado proyectos exitosos, como el cierre de la desmontera Excélsior en Pasco, considerado uno de los pasivos más grandes de América Latina. Asimismo, destacó la labor realizada en La Oroya, donde la empresa se ha encargado de recuperar suelos altamente contaminados por décadas de operación del complejo metalúrgico. “Son ejemplos concretos de lo que se puede lograr con un financiamiento adecuado”, sostuvo.
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Actualmente, la empresa desarrolla proyectos de remediación en regiones como Cajamarca, Pasco y Huancavelica, los cuales —según Ormeño— ya empiezan a sentir el impacto de la falta de presupuesto. “Es crucial que se aceleren los procesos y se asignen las partidas correspondientes para garantizar la continuidad del trabajo de AMSAC”, enfatizó.
Además del impacto ambiental, Ormeño subrayó la dimensión social del problema. “El Estado debe invertir en recuperar zonas degradadas por la minería antigua, no solo por una obligación ambiental, sino también para reducir los conflictos sociales. Las comunidades necesitan ver que el Estado actúa, invierte y se compromete con su recuperación. Eso genera confianza y facilita las nuevas inversiones”, declaró.
Finalmente, reiteró que una política de remediación sólida y financiada es esencial para asegurar la licencia social en los territorios donde se desarrollan o se proyectan nuevas actividades extractivas. "No se puede hablar de crecimiento minero si se descuida el impacto ambiental heredado", concluyó.
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