Paro de transportistas: comandante general PNP advierte fuerte respuesta contra quienes desaten vandalismo
Militares apoyarán resguardo a jornada de derecho a la protesta, señala Víctor Zanabria.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, anunció una serie de medidas de seguridad que serán implementadas en respuesta al paro de transportistas convocado para este jueves 10 de octubre.
El alto mando policial advirtió que la institución actuará de manera enérgica para evitar actos de violencia y desórdenes en las calles. En coordinación con las Fuerzas Armadas, se desplegarán más de 10 mil efectivos para resguardar las actividades diarias de la población y prevenir posibles altercados.
“No vamos a permitir bloqueos de vías, atentando contra los medios de transporte y menos agresiones a conductores o pasajeros”, afirmó Zanabria durante una entrevista radial. Asimismo, destacó que, además de los 7 mil agentes de la PNP asignados a esta tarea, 3 mil miembros de las Fuerzas Armadas reforzarán la vigilancia en puntos estratégicos de la capital y otras regiones del país.
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Zanabria hizo hincapié en que cualquier individuo que incurra en disturbios será detenido de inmediato. La intervención policial no solo buscará proteger el libre tránsito de los ciudadanos, sino también resguardar la infraestructura pública y los servicios esenciales.
El paro de transportistas, convocado por un sector del gremio, es una protesta contra los crecientes casos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público en diversas zonas del país. Pese a las legítimas preocupaciones del sector, Zanabria subrayó que la protesta debe llevarse a cabo de forma pacífica, respetando el derecho a manifestarse, pero sin recurrir a la violencia.
Paro de transportistas: sanciones ante actos vandálicos
En medio del paro de transportistas programado para este jueves 10 de octubre, es adecuado recordar las implicancias legales de obstruir vías públicas y dañar infraestructura crítica. Los responsables de estos delitos podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, según las disposiciones vigentes.
Además, considera hasta seis años de cárcel por el delito de disturbios, a través de la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o de la aportación de recursos financieros.
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