Pagos de S/ 120 diarios por bloquear de carreteras: minería ilegal detrás de protestas, revela canciller Elmer Schialer
La informalidad minera estaría infiltrando el sistema político y económico nacional.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, advirtió que los recientes bloqueos en carreteras del sur del Perú responden a intereses oscuros ligados a la minería ilegal.
El canciller sostuvo que existen informaciones muy preocupantes sobre el financiamiento de las protestas, revelando que los manifestantes estarían recibiendo pagos diarios de hasta 120 soles por participar en estas acciones.
“Tengo informaciones de que cada 'bloqueante', por llamar de alguna manera a estos señores, reciben 120 soles diarios. Son millones de soles. ¿De dónde sale ese dinero? De gente que está financiando esto. Y esas gentes no son necesariamente legales (…) Obviamente la minería ilegal (está detrás), la minería que no le interesa que haya ley”, dijo Elmer Schialer en Radioprogramas.
El ministro lamentó el impacto directo de estas paralizaciones en la economía, el turismo y la vida cotidiana de los peruanos. Según explicó, regiones como Arequipa, Ica y Nasca enfrentan pérdidas económicas considerables por la caída del turismo, mientras que el abastecimiento de productos esenciales se ve comprometido.
Expertos en minería apuntaron directamente a la actividad ilegal como responsable del financiamiento de estas movilizaciones.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó que la minería ilegal funciona como una organización consolidada, con redes de poder que incluso alcanzan al Congreso de la República.
Herrera estimó que medio millón de personas estarían involucradas en esta actividad, muchas de ellas sin condiciones laborales dignas ni protección legal.
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Por su parte, Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, subrayó que las plantas de acopio son un eslabón crítico en esta cadena ilegal.
Estas instalaciones, que deberían operar bajo límites estrictos de producción y con licencias regionales, exceden los volúmenes permitidos sin control del Gobierno central.
Ambos especialistas coincidieron en que el sistema actual no garantiza la trazabilidad del oro que se produce, y exigieron una presencia estatal más firme en los puntos de procesamiento. Carlos Gálvez también advirtió sobre el alto costo humano y ambiental de esta informalidad.
Como segundo punto, recomendó que los pequeños mineros trabajen en concesiones que han quedado sin efecto por falta de pago o por el incumplimiento de las labores mínimas exigidas, lo cual permitiría aprovechar recursos ya identificados que no están siendo explotados.
En esa línea, el canciller Elmer Schialer alertó que el negocio de la minería ilegal podría ser hasta siete veces mayor que el narcotráfico en términos de volumen económico. Pidió al Ministerio Público que actúe con urgencia.
El Gobierno reiteró que promoverá el diálogo con quienes realmente representen a las comunidades, pero no tolerará la violencia financiada por redes criminales.
Mientras tanto, la paralización de las vías continúa causando incertidumbre y perjuicios a miles de ciudadanos que ven cómo se afecta su derecho a la libre circulación.
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