Ministerio de Cultura denuncia ante Fiscalía acto de racismo en Metropolitano y exige sanciones ejemplares contra mujer
Comportamiento señalado reproduce estereotipos y prejuicios racistas.
El Ministerio de Cultura condenó de manera enérgica el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2025 dentro de un bus del sistema de transporte público Metropolitano, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Como respuesta institucional, la Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, al amparo del artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación y establece penas privativas de libertad y/o multas para quienes incurran en este tipo de conductas.
La denuncia fue dirigida a la Secretaría General de la Fiscalía y detalla las expresiones discriminatorias emitidas por Argumedo, que fueron difundidas en redes sociales tras ser grabadas por testigos del hecho. El Ministerio exige que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones que la ley contempla en casos de discriminación étnico-racial.
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De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Cultura, el comportamiento denunciado reproduce estereotipos y prejuicios racistas que afectan no solo a las personas directamente agredidas, sino también a las comunidades andinas y a todos los pueblos originarios del Perú. El acto constituye una vulneración grave a la dignidad e igualdad que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a todos los ciudadanos.
Fiscalía se pronuncia
“Fiscalía inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación, tras realizar comentarios e insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano. La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad, a cargo del caso, también dispuso practicar examen psicológico a la investigada, recibir su declaración, recabar sus antecedentes penales y policiales, entre otras diligencias urgentes e inaplazables para esclarecer los hechos”, escribió el Ministerio Público en redes sociales.
El artículo 323 del Código Penal peruano sanciona los actos de discriminación con penas de hasta tres años de prisión o multas económicas, en caso de que se compruebe que la agresión fue motivada por razones de origen étnico, racial, cultural, religioso, entre otras. La ley también contempla sanciones más severas si el acto es cometido en espacios públicos o por funcionarios públicos.
El Ministerio recordó además que cuenta con el servicio "Alerta contra el Racismo", una plataforma de atención con seis modalidades, incluyendo la línea gratuita 1817, que permite a cualquier ciudadano reportar actos de discriminación étnico-racial, ya sea como víctima o testigo. Esta herramienta busca fortalecer la denuncia y visibilización de situaciones que históricamente han sido normalizadas.
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