Minería debe enfrentar 232 trámites e innumerables barreras burocráticas
Proceso de extracción involucra a 19 entidades públicas, entre las que destacan ANA, Senace, Serfor, entre otras.
La celeridad con la que se otorgan permisos en minería es siempre señalada como un punto neurálgico para la inversión en el sector. Sin embargo, poco se sabe respecto a su efecto real en el desarrollo económico del Perú, lo que incluye al PBI, la recaudación fiscal y la generación de empleo.
Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), realizado en septiembre del 2023, dimensiona por fin este impacto.
La regulación minera, precisa el IPE, es bastante compleja. A través de sus cinco etapas, un proyecto en el sector debe enfrentar 232 procesos administrativos, donde 100 de este total involucran a 19 entidades públicas, entre las que resaltan la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Pasar por todo este proceso puede alargar la puesta en marcha de un proyecto hasta en más del doble del tiempo fijado en la ley. “A través de entrevistas a mineras vimos que el plazo efectivo puede ser hasta cinco veces el plazo legal, sobre todo en el caso de los instrumentos de gestión ambiental y consulta previa”, señaló Carlos Gallardo, gerente general de IPE, sobre la metodología de su estudio.
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