Mercenarios y oro ilegal: Perú enfrenta mayor infiltración criminal en su minería
Presencia de excombatientes contratados por redes criminales fortalece el control territorial de la minería ilegal.
El Perú mantiene su posición como principal exportador de oro en Sudamérica, pero este liderazgo se encuentra ensombrecido por el crecimiento acelerado de la minería ilegal, actividad que en 2025 superó en volumen a la producción formal. Un factor determinante en esta expansión es la presencia de exmercenarios extranjeros contratados para brindar seguridad armada y asegurar territorios estratégicos donde operan organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito del mineral.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción aurífera formal cerró 2025 con 150 toneladas. Sin embargo, las exportaciones totales registradas superaron las 450 toneladas, cifra que evidencia la magnitud del oro que sale del país sin control estatal y revela una brecha creciente entre la actividad regulada y la ilegal.
Organismos internacionales también han expresado preocupación. La ONU advierte que el uso de mercenarios constituye una amenaza a la seguridad global y a los derechos humanos, al documentar abusos y desestabilización en distintas regiones. En los últimos años, excombatientes —en su mayoría latinoamericanos— han sido identificados en conflictos como Sudán, Yemen y Ucrania, y algunos de estos grupos han sido vinculados a redes que operan en el tráfico ilegal de oro peruano.
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El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los 12 mil millones de dólares en 2025, equivalente al 44 % del total sudamericano. Este crecimiento se concentra en zonas con escasa presencia estatal como Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, áreas donde los grupos criminales imponen su control mediante violencia y mano de obra armada.
Además del control territorial, expertos alertan sobre riesgos asociados a plantas procesadoras que operan fuera de los parámetros legales. Un caso cuestionado es el de Laytaruma, señalada por procesar volúmenes superiores a los permitidos para la pequeña minería, lo que facilitaría el blanqueo de oro extraído ilegalmente antes de su salida hacia mercados internacionales.
El impacto de esta expansión ilícita también tiene repercusiones ambientales severas. Los territorios dominados por la minería informal muestran pérdida acelerada de bosques, contaminación de ríos con mercurio y profundización de conflictos sociales, especialmente en comunidades indígenas que han denunciado la presencia de grupos armados en sus zonas ancestrales.
En el plano económico, la evasión fiscal generada por este comercio ilegal afecta la capacidad del Estado para recaudar recursos e invertir en regiones que, paradójicamente, sufren los mayores daños de la minería descontrolada. La falta de trazabilidad en la cadena aurífera permite que el oro ilegal termine mezclado con envíos formales, dificultando su identificación incluso en mercados extranjeros.
Ante este panorama, especialistas coinciden en que el Perú necesita reforzar sus sistemas de fiscalización, mejorar la trazabilidad del oro desde su extracción hasta la exportación, y fortalecer la cooperación internacional para frenar la infiltración de actores armados extranjeros. También señalan que el Estado debe retomar el control en zonas críticas y evitar que redes criminales continúen expandiendo su influencia en la economía minera nacional.
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