La otra cara de la reforma universitaria

Jordy Cueva supo que a su universidad le habían denegado la licencia institucional el día de Navidad, a puertas de iniciar el que debía de ser su último año como estudiante de Enfermería.

“Mi Navidad fue lamentable”, refirió a la agencia Efe sobre ese momento. La evaluación del expediente de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) sobre las condiciones en las que opera la Universidad Alas Peruanas, en sus 17 filiales y sede en Lima, arrojó que no cumple con las mínimas exigidas para seguir operando, por lo que como otras 35 universidades del país, deberá cerrar en dos años.

El licenciamiento institucional forma parte de la reforma universitaria que el Perú puso en marcha en 2014, con la creación de una nueva ley donde se estableció la creación de la Sunedu, ente encargado de evaluar, bajo filtros básicos de calidad, a las 145 universidades del país.

“Son condiciones esenciales para el servicio universitario”, explicó en octubre pasado el jefe de la Sunedu, Martín Benavides, sobre los ocho puntos exigidos por este ente regulador para otorgar la licencia de funcionamiento a las universidades. Entre estos, que toda universidad tenga objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio; oferta educativa compatible con los instrumentos de su planeamiento; e infraestructura y equipamiento adecuados.

También líneas de investigación y disponibilidad de personal docente calificado, servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción laboral y la condición complementaria de una gestión universitaria con transparencia.

SITUACIÓN CRÍTICA

Desde la promulgación de la nueva ley, las universidades conocían que habría un plazo para cumplir con las condiciones básicas y presentar su expediente, y en el caso de no cumplir con las ocho exigencias básicas, tendrían que pasar por un plan de adecuación que les permita subsanar sus deficiencias.

No obstante, alrededor del 24 % de las universidades no lograron cumplir su plan de adecuación en los cinco meses establecidos, ni en las prórrogas que en la práctica, según informaron fuentes de la Sunedu, esta institución les brindó.

De las universidades con licencia denegada, 35 son privadas y una es pública. Sin embargo, aún quedan cinco universidades públicas en espera de conocer el resultado de su evaluación.

Ante el peligro de dejar sin acceso a la educación a los estudiantes del Estado, el Gobierno promulgó en diciembre pasado un decreto de urgencia para declarar en reorganización e intervenir la universidad pública con licencia denegada, a fin de que esta cumpla con ejecutar el Plan de Emergencia del Ministerio de Educación, con miras a una segunda solicitud de licenciamiento ante la Sunedu.

Una segunda oportunidad que las universidades públicas, a partir de este decreto de urgencia tendrán, y que las universidades privadas con licencia denegada, con una población de más de 140,000 estudiantes, también reclaman.

“A las universidades estatales se les está dando dos años más y a nosotros no se nos da. Para mí eso va contra la Constitución e igualdad de peruanos ante instituciones y Gobierno”, señaló el martes Francisco Pérez Expósito, rector de la Universidad Alas Peruanas, en medio de la protesta frente a la sede de Sunedu a la que llegó junto a docentes universitarios y personal administrativo.

EN PIE DE LUCHA

“Estamos unidos, en pie de lucha. Queremos que ese decreto de urgencia que el presidente sacó sea igualitario, y que no solo sean dos años de prórroga para las universidades públicas, sino también privadas”, señaló Max Aguilar, otro estudiante de la misma casa de estudios, de la filial de Ayacucho, quien cursa el cuarto año de Derecho.

Para Aguilar, su universidad, que en 2018 estuvo en el ojo público debido a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra su fundador, exgerente y exrector Fidel Ramírez, por las que se vio obligado a separarse del centro de estudios, “ha hecho mucho en un año”. Él está seguro que “con dos años de prórroga” podrían lograr los cambios que exige Sunedu y él podría así continuar con sus estudios, con una pensión de unos S/350 al mes.

EFE

AFECTADOS

Un total de 165,679 estudiantes se han visto afectados por las universidades que no han obtenido el licenciamiento. La mayoría de ellos corresponde a instituciones privadas. Solo unos 20,000 corresponden a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

ALLANAN SEDE DE LA UAP

El juez Víctor Zúñiga, de la Corte Superior Especializada en delitos de Crimen Organizado, autorizó el allanamiento, descerraje e incautación de documentos del local de la Universidad Alas Peruanas, en Jesús María, como parte de la investigación a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, por presunto delito de lavado de activos.

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