La Libertad: Hallan muertos en socavón a los 13 mineros secuestrados en Pataz
Víctimas fueron encontrados con signos de haber sido ejecutados con disparos en la cabeza.
Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los 13 mineros secuestrados en la provincia liberteña de Pataz, un crimen que pone nuevamente en evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a las zonas mineras del país, pese al estado de emergencia vigente en la región de La Libertad.
Los trabajadores, quienes ofrecían servicios a una minera artesanal vinculada contractualmente con la empresa Minera Poderosa, fueron asesinados por presuntos criminales asociados a mafias de minería ilegal.
Las víctimas permanecían en condición de desaparecidas desde el pasado 25 de abril, según confirmaron fuentes policiales de La Libertad y familiares, quienes denunciaron la inacción frente a las amenazas previas.
La información oficial señala que los cuerpos fueron hallados en un socavón, con signos de haber sido ejecutados.
Las víctimas pertenecían a la empresa contratista R&R, que operaba en la zona como parte de los acuerdos con mineros en proceso de formalización.
Comunicado de minera Poderosa
Minera Poderosa denunció en un comunicado que los criminales irrumpieron violentamente en las operaciones del minero artesanal con el fin de tomar control del yacimiento.
La empresa lamentó la falta de resultados concretos, a pesar del despliegue de más de 800 policías en recientes operativos. “Resulta preocupante que no se haya intervenido en bocaminas ilegales, aun sabiendo que en esas zonas se producen enfrentamientos violentos”, señaló.
Desde el 2020, la compañía reportó el abandono de varias de sus concesiones ante el avance de la minería ilegal, que puso en riesgo tanto a su personal como a los pequeños mineros asociados. A pesar del estado de emergencia y la presencia militar, las organizaciones criminales siguen actuando con impunidad en la zona.
El caso, que ya está en manos del Ministerio Público, lo que provocó un amplio repudio en sectores políticos y sociales.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había declarado el miércoles pasado que la empresa descartaba cualquier vínculo con los trabajadores secuestrados.
Sin embargo, la confirmación posterior del contrato con la minera artesanal provocó cuestionamientos sobre la veracidad y precisión de su versión.
“La propia minera ha confirmado que no se trataba de trabajadores suyos ni de personas vinculadas a sus actividades”, dijo Adrianzén inicialmente, cuando aún no se hallaban los cuerpos.
Contradicción de versiones sobre crimen en La Libertad
La contradicción entre esa versión y los hechos verificados ha suscitado duras críticas hacia el Ejecutivo por su respuesta tardía y desarticulada.
La Fiscalía Provincial Mixta de Tayabamba ha asumido la investigación del caso, mientras que los cuerpos fueron trasladados para la realización de las diligencias forenses correspondientes. En paralelo, los familiares de las víctimas exigen justicia y protección frente a nuevas amenazas que persisten en la zona.
La masacre de los 13 trabajadores evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la vida de quienes trabajan en condiciones vulnerables en zonas dominadas por mafias mineras. El caso se suma a una larga lista de crímenes impunes ocurridos en los últimos años en el corredor minero del norte del país.
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