La Libertad: comuneros exigen reactivar minería paralizada por prórroga de emergencia en Pataz
Advierten riesgo de conflicto social si no se atiende la demanda.
Representantes de la Comunidad Campesina La Victoria y de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA) de Pataz, La Libertad, intensificaron esta semana sus pedidos para retomar las actividades mineras en dicha provincia andina, tras la prórroga del estado de emergencia impuesta por el Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM.
La medida, que contempla inmovilización obligatoria y suspensión total de operaciones extractivas, causaron rechazo en diversos sectores vinculados a la minería formal y en vías de formalización.
La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, informó que trasladó a Lima los documentos presentados por los mineros, quienes solicitaron que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, evalúe la posible inconstitucionalidad del decreto emitido por el Ejecutivo.
“Ellos alegan que dicho decreto afecta los derechos fundamentales de los mineros formales y de los que están en proceso de formalización. Piden que el defensor del Pueblo interponga una medida cautelar al referido decreto supremo y solicitan se realice una mesa de trabajo multisectoral en Pataz”, sostuvo Olórtegui.
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La solicitud ya se encuentra en evaluación por parte de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente en la sede central de la Defensoría del Pueblo, y se prevé que el lunes se emita un pronunciamiento oficial.
En paralelo, los integrantes de la AMA-Pataz participaron el jueves en una mesa de diálogo junto a autoridades regionales, como los consejeros de La Libertad, el gerente regional de Energía y Minas, Beder Martell Espinoza, y el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila Paredes.
Durante la reunión, los mineros de Pataz solicitaron que el Consejo Regional autorice al gobernador César Acuña a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que mantiene paralizada la economía minera local.
Los gremios advirtieron sobre una posible convulsión social si no se atienden sus demandas. Mientras tanto, la provincia de Pataz continúa bajo estado de emergencia debido a los recientes episodios de violencia vinculados a la minería ilegal, entre ellos, el asesinato de 13 agentes de seguridad en marzo pasado.
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