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Juan José Santiváñez captado en bar El Cordano junto a abogado investigado: lo que se sabe del encuentro

Fiscalía investiga nexos entre exsocios y contratos millonarios relacionados con generales de Policía Nacional.

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Juan José Santiváñez captado en bar El Cordano junto a abogado investigado: lo que se sabe del encuentro
Fecha Publicación: 01/09/2025 - 05:09
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El programa periodístico 'Panorama' difundió un reportaje que expone reuniones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el tradicional bar El Cordano, de día y acompañado de personajes involucrados a investigaciones fiscales.

La cita, ocurrida el 6 de junio a las 9:20 de la mañana, coincidió con el periodo en que el funcionario debía despachar en Palacio de Gobierno como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental.

Las imágenes muestran que, junto a Santiváñez, participaron el abogado Alex Alberto Alaluna Álvarez y Marco Antonio Palacios Meza, exsocio del estudio de abogados Santiváñez Antúnez.

Este último figura en la investigación de la minera ‘El Dorado’ y, según el Ministerio Público, integraría una presunta organización criminal liderada por el propio ministro, conocido en los expedientes fiscales como ‘Cachetón’.

MÁS INFORMACIÓN: Juan José Santiváñez se defiende: Parte del Ministerio Público es una organización criminal

De acuerdo con la Fiscalía, Palacios Meza habría actuado como intermediario para coordinar con Santiváñez la asignación de millonarios contratos de defensa legal.

Los beneficiados habrían sido cinco generales de la Policía Nacional, procesados por delitos cometidos en el marco de las protestas sociales de 2022. Cada defensa habría costado 200 mil soles, lo que en conjunto representaba un millón de soles en honorarios.

El reportaje también plantea la interrogante de por qué el ministro optó por reunirse en un bar en lugar de utilizar su despacho oficial en Palacio de Gobierno. Consultado por el programa, Alaluna Álvarez respondió por teléfono que el encuentro trató sobre ‘Artemio’, sin precisar a qué se refería.

El caso reaviva los debates sobre la transparencia en la gestión pública y la relación entre altos funcionarios y personas bajo sospecha fiscal.

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