INPE aplicará prueba del polígrafo a su personal: “Al que no quiera pasar, se le sacará”

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) iniciará la aplicación de pruebas con el detector de mentiras a su personal, como parte de las medidas de control interno dispuestas para combatir la corrupción y frenar la influencia del crimen organizado dentro de los penales del Perú.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, confirmó que la medida comenzará en el penal de Lurigancho, considerado uno de los establecimientos con mayor población reclusa y con antecedentes de irregularidades internas.

“Estamos empezando con la elaboración del protocolo y vamos a comenzar con los agentes de Lurigancho, porque es el penal donde hemos ingresado con todo; ellos tienen que pasar su polígrafo”, señaló el funcionario.

Según Paredes Yataco, el polígrafo permitirá detectar a los trabajadores que podrían mantener vínculos con internos o bandas criminales.

“Al que no pasa o no quiere pasar, se le considerará falta disciplinaria; se le va a tener que sacar”, advirtió, al remarcar que el objetivo de la prueba es asegurar la transparencia en las labores de vigilancia, control y seguridad penitenciaria.

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La disposición forma parte del decreto que declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, donde se dispuso reforzar las acciones de inteligencia y control dentro de las cárceles.

Los agentes encargados del ingreso, salida y otras funciones de seguridad serán los primeros en someterse al examen.

El titular del INPE explicó que esta iniciativa busca erradicar las redes de corrupción que facilitan la comunicación entre los cabecillas de organizaciones criminales y sus cómplices en libertad.

“Queremos un personal íntegro, que sirva al país y no a los delincuentes”, enfatizó.

Además, Paredes Yataco manifestó que el INPE adecuará nuevos pabellones de alta seguridad para reos peligrosos, como parte de las directrices del presidente José Jerí.

Los nuevos establecimientos estarán en los centros de reclusión de Challapalca y Cochamarca.

Con estas acciones, la institución busca reducir los espacios desde donde se ordenan extorsiones, secuestros y asesinatos, delitos que —según el propio INPE— continúan planificándose desde los centros penitenciarios.