Escándalo en Diviac: Contraloría detecta perjuicio millonario al Estado por adquisición de equipos inservibles durante gestión de Harvey Colchado
Indagación compromete a altos oficiales en decisiones administrativas sin respaldo técnico.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar presuntas irregularidades en la adquisición de un dispositivo de geolocalización durante la gestión del coronel Harvey Colchado al mando de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
El informe de auditoría reveló que la compra, materializada en 2019 por más de S/ 1.5 millones, resultó inservible y causó un perjuicio económico directo al Estado.
El documento precisa que la Diviac utilizó recursos especiales para financiar el equipo, el cual, según la Contraloría, nunca pudo emplearse en operaciones de inteligencia porque interfería y bloqueaba las telecomunicaciones públicas, lo que representa una falta grave a la normativa vigente. El aparato quedó guardado sin uso por orden de las autoridades.
La auditoría, que abarcó el periodo de enero a diciembre de 2019, determinó que el proceso de adquisición careció de respaldo documental suficiente y se ejecutó sin la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La Contraloría recomendó a la Procuraduría Anticorrupción iniciar acciones legales contra los funcionarios y oficiales involucrados en la gestión de la compra.
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El comité de adquisición estuvo integrado por el comandante Arturo Sotomayor Angulo, el mayor Marco Fabrizzio Quintanilla, el mayor Edwin Luna Ramos, el teniente Jorge Rodríguez Menacho y el suboficial Irvin Horna Flores.
El proceso comenzó el 5 de febrero de 2019, cuando Rodríguez Menacho y Horna comunicaron a Colchado sobre la necesidad de adquirir un equipo de geolocalización. El 11 de febrero, Harvey Colchado autorizó la evaluación de la propuesta y ordenó la conformación de un comité para la compra.
El grupo seleccionó un dispositivo de la empresa israelí Septier Communication LTD, con la cual firmaron un contrato el 26 de febrero.
La llegada del equipo se registró en mayo de ese año, y el pago total, incluidos impuestos aduaneros, se efectuó el 31 del mismo mes. Sin embargo, apenas semanas después, los problemas técnicos y las restricciones legales dejaron inoperativa la costosa herramienta de espionaje.
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