El cuento de Isabel Cajo lo desbarató la Municipalidad de Magdalena
Había afirmado que su celular fue sustraído mientras paseaba por las calles del distrito.
La Municipalidad de Magdalena del Mar desmintió la denuncia realizada por Isabel Cajo, trabajadora del Congreso de la República, quien aseguró ante la PNP de dicha jurisdicción haber sido víctima de un robo de celular el 27 de diciembre del año pasado.
La joven, quien se encuentra en el centro de una controversia vinculada a una red de prostitución en el Poder Legislativo, había afirmado que su celular fue sustraído mientras paseaba por las calles del distrito.
Sin embargo, las cámaras de seguridad contradicen la versión. “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado (...) Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se lee en un comunicado emitido por la comuna.
Cabe precisar que es delito formular una denuncia calumniosa, tal cual lo preceptúa el artículo 402 del Código Penal, que señala: “El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.
Más aún, el delito de Denuncia Calumniosa exige dolo directo, esto es, que el sujeto activo haya actuado con conocimiento de la ilicitud de su actuar, y con la voluntad de realizar cualquiera de las modalidades de la conducta típica.
El Código de Ética Parlamentaria contempla en el artículo 40 que: “El Oficial Mayor tiene la representación legal de la administración, es jefe de todo el personal y cuenta con competencia disciplinaria”.
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Inclusive, la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley No. 27815) estipula en el artículo 1: “Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente Código”, en donde el artículo 6, relativo a los Principios de la Función Pública, prevé que “El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:”, inciso 2. “Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”, inciso 5. “Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”.
La transgresión de los principios y deberes establecidos se considera infracción al Código, generándose responsabilidad pasible de sanción. Las sanciones aplicables por la transgresión del Código no eximen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad.
Finalmente, es una obligación comunicar la transgresión del Código. Todo servidor público que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a lo normado por este Código tiene la obligación de informar a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad afectada, o al órgano que haga sus veces, para la conducción del respectivo proceso, bajo responsabilidad.
Confiemos en que el Oficial Mayor haga cumplir y respetar el Reglamento del Congreso de la República, así como el Código de Ética, y que el Ministerio Público actúe de oficio ante una denuncia calumniosa dada por la citada trabajadora del Parlamento.
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