Destruir propiedad pública o privada será también delito de terrorismo urbano
Proyecto de Idelso García se suma al del alcalde de Lima.
Comete actos de terrorismo "el que provoca, crea o mantiene en estado de zozobra, alarma o terror en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio".
Esta es la definición constitucional de terrorismo, a cuyo ámbito se propuso incorporar el terrorismo urbano y penas más severas.
Los proyectos de ley, que están en manos del Congreso de la República, buscan de manera urgente frenar el crimen organizado que cada día se hace más sanguinario en todo el país.
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El primer proyecto fue presentado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y el segundo por el congresista Idelso García.
La iniciativa edil, al tiempo de tipificar el delito de 'terrorismo urbano', plantea que se aplique penas de 20 a 30 años al uso de armas de fuego, granadas o explosivos en los delitos de sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, disturbios y organización criminal.
La condena más alta es 30 años de prisión efectiva a quienes, como consecuencia de los delitos señalados, causen la muerte o lesiones graves y/o implique la toma de rehenes.
Vandalismo y otros delitos
Sobre la base de la tipificación de terrorismo urbano propuesto por López Aliaga, el proyecto de Idelso García extiende el alcance a otros delitos relacionados por turbas callejeras e incendiarias.
La iniciativa del legislador de Alianza para el Progreso incluye los daños en el patrimonio público o privado.
La pena de 30 años de prisión efectiva se aplicará a quienes provocan la muerte de una o más personas "o si los daños causados a los bienes públicos o privados impiden la realización normal de sus actividades".
Con 25 años al delito que cause daños a la propiedad pública o privada o si se obliga a menores de edad a participar en actos delincuenciales o terroristas o si se llega a producir lesiones graves a terceras personas.
Alcance internacional
La presentación del proyecto se produce en los precisos momentos en que el gobierno boliviano señaló su desazón por revueltas sociales con el fin de desestabilizarlo.
Entre otras acciones violentas, mencionó marchas y manifestaciones sindicalistas dirigidas contra el régimen.
En ese marco hizo un llamado de alerta a las poblaciones de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y Perú, advirtiendo que se trata de un plan totalitario regional.
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