Defensoría pide investigar a cuñada del presidente y a empresa proveedora
Exhorta a revisar prerrogativas presidenciales para uso de helicópteros militares en visitas personales.
La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público investigar la participación de Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, en la presunta intermediación entre las necesidades de la población de Cajamarca y el Gobierno central, sin ser una funcionaria.
Igualmente, le pide investigar los vínculos entre Yenifer Paredes y la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., así como la relación amical con su representante, y determinar si existe alguna conexión entre los mismos en la adjudicación de obras públicas a la referida empresa.
A ello, le solicita sumar información sobre las visitas realizadas por el representante de la constructora a Palacio de Gobierno en cinco oportunidades y su relación con la adjudicación de contratos públicos para sí mismo y para sus empresas.
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La Defensoría resalta que la programación, el diseño y la ejecución de obras públicas, y en particular de las obras de agua y saneamiento, corresponden en estricto a cubrir necesidades de la población y sus comunidades para contar con servicios y no ser materia de condicionamiento o utilización con fines particulares, políticos o partidarios.
La Defensoría del Pueblo consideró necesario que el Ministerio de Defensa (Mindef) informe las prerrogativas presidenciales que facultarían al uso de bienes públicos de elevado valor y costo de desplazamiento, como los helicópteros militares, para visitar a familiares en el distrito de Tacabamba, departamento de Cajamarca, lugar de residencia de los padres del mandatario.
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Indicó que el Mindef debe transparentar los estudios técnicos de verificación de la adecuación del helipuerto de Tacabamba a las normas técnicas para la construcción, señalización y mantenimiento de helipuertos, capaces de recibir helicópteros del tonelaje y dimensiones como el observado en el reportaje.
Finalmente, la Defensoría insta a las autoridades a desterrar el uso con fines personales y familiares del poder y de bienes público los que deben estar destinados a la provisión de servicios públicos de calidad y al cierre de brechas de infraestructura que afectan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
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— Diario Expreso (@ExpresoPeru) July 5, 2022
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