Conflicto por control de socavones desata tensión en zona minera de Ático, Caravelí: “Esto no es Pataz… aún”
Temen que conflicto derive en una tragedia como la ocurrida en 2022, cuando 14 personas murieron en enfrentamientos por el control del oro.
La tensión en la zona minera de Ático, en la provincia de Caravelí, crece con cada jornada. Representantes de las bases mineras Ático-Calpa y Calpa-Renace denuncian amenazas de grupos ilegales que, según afirman, buscan apoderarse de sus concesiones utilizando tácticas violentas como quema de vehículos, extorsiones y presión directa.
Temen que el conflicto derive en una tragedia como la ocurrida en 2022, cuando 14 personas murieron en enfrentamientos por el control del oro.
El programa Panorama accedió al interior de los socavones donde operan los mineros inscritos en el proceso de formalización.
La situación es crítica. “Nos han amenazado varias veces. Tenemos miedo de ser emboscados dentro de las labores”, expresó Daniel Huallichiquera, representante de la base Ático-Calpa.
Los mineros invirtieron millones en reforzar sus túneles, pero temen que estas estructuras sean tomadas por mafias sin ningún tipo de control legal.
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Cristian Laura López, vocero de Calpa-Renace, señaló que los ilegales buscan arrebatarles los campamentos y las minas.
“Hemos hecho inversión formal. Esta gente quiere apoderarse de todo. Estamos inseguros, incluso con el Estado, porque no nos protege”, denunció.
El temor generalizado llevó a que muchos mineros eviten ingresar a sus propias galerías por riesgo de ser atacados.
El conflicto por el control del territorio no es nuevo. En 2022, un enfrentamiento entre mineros dejó 14 muertos en esta misma zona.
Actualmente, aunque las bases enfrentadas entonces aseguran haber alcanzado una tregua, temen que las mafias externas vuelvan a encender la chispa.
El abogado Hugo Pacheco, representante legal de Calpa-Renace, enfatizó que la amenaza ahora viene de personas que “coaccionan, azuzan a la población y usan la fuerza para realizar actividad minera ilegal”.
Una estructura metálica ubicada en la entrada de la zona minera también es foco del conflicto. Según denuncian los mineros legales, los ilegales buscan que sea retirada bajo el argumento de que impide el tránsito.
No obstante, los representantes legales aclaran que la garita está dentro de una concesión privada y cumple una función de seguridad. Temen que su demolición facilite el ingreso de actores armados.
La situación llevó al alcalde de Ático, Julio Candia, a pedir que se declare el estado de emergencia en la zona.
“No queremos repetir la tragedia del 2022”, advirtió. A pesar de ello, desde las propias bases mineras hay desacuerdo: consideran que esta medida podría paralizar sus labores y favorecer a grandes concesiones como la de Intigold Mining.
El temor de los mineros no es solo a perder sus inversiones, sino sus vidas. Dicen sentirse abandonados por el Estado, sin presencia efectiva de la Policía ni garantías mínimas.
“Estamos solos. Ellos tienen armas, nosotros no. Solo queremos trabajar y terminar de formalizarnos”, relatan.
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