Alcalde de Pataz condena inacción del Gobierno tras asesinato de mineros: “Hasta hoy no han identificado a ninguna banda criminal”
Aldo Carlos Mariño exige justicia para las víctimas y responsabilidad a la empresa contratista.
El asesinato de 13 mineros en la provincia liberteña de Pataz desató una contundente reacción del alcalde distrital, Aldo Carlos Mariño, quien exigió al Gobierno calificar los hechos como actos de terrorismo y condenar con todo el peso de la ley a los responsables.
La autoridad distrital lamentó la masacre y criticó la falta de acción pese a las amenazas previas que los trabajadores recibieron.
“Estas bandas no deben ser llamadas organizaciones criminales, son terroristas y así deben ser juzgados”, declaró Mariño en una entrevista televisiva. El pronunciamiento se produjo tras confirmarse que los cuerpos de los mineros, desaparecidos desde el 25 de abril, fueron hallados sin vida en un socavón de la zona, con evidentes signos de ejecución.
Las víctimas trabajaban para la empresa contratista R&R, la cual prestaba servicios a una unidad de Minera Poderosa. Según el alcalde, muchos de ellos llegaron a Pataz buscando sustento para sus familias.
“Vinieron para ganar algo y dar educación y comida a sus hijos, pero encontraron la muerte. Fueron secuestrados, seguramente torturados y asesinados”, enfatizó.
El burgomaestre también apuntó directamente a la empresa minera por su responsabilidad social.
“La minera tiene que hacerse cargo de los niños que hoy quedan huérfanos. Deben garantizar su educación y su futuro, porque los padres que trabajaban para ellos fueron asesinados”, sostuvo con firmeza.
En paralelo, Mariño elevó un pedido urgente al Ejecutivo: desplegar personal de inteligencia y agentes especializados en crimen organizado.
“Pataz necesita con urgencia la presencia de la Depincri y del servicio de inteligencia. Hasta hoy no han identificado a ninguna banda criminal. No existe una sola plenamente identificada”, denunció.
La tragedia pone en evidencia la persistente crisis de seguridad en las zonas mineras del Perú, particularmente en La Libertad, donde se mantiene vigente un estado de emergencia. Sin embargo, las medidas parecen insuficientes ante el avance de las mafias dedicadas a la minería ilegal.
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