Aclarando a la Asociación Nacional de Periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de tinte izquierdista y hasta inclusive algunos representantes fueron a Palacio de Gobierno para tomarse una foto con el indocto expresidente Pedro Castillo hoy preso, acaba de advertir que la propuesta del Poder del Ejecutivo, incluida en el Proyecto de Ley No. 13280, “afectaría no solo al periodismo de investigación, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

Es por ello que de manera ipso facto el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez Miranda ha señalado categóricamente que “la prensa es un aliado en la lucha contra el crimen”.

El Gobierno de José Jeri de esta manera descarta una ley mordaza contra los medios de comunicación social tras el pedido de facultades legislativas.

Luego de que el Poder Ejecutivo realizó el pedido de facultades solicitadas al Poder Legislativo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, explicó que no existe ninguna voluntad de atacar o de indisponerse con la prensa, ello con relación al punto que propone la modificación del Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales.

“No estamos hablando de la labor legítima que hacen las unidades de investigación de los medios de prensa. Por el contrario, para nosotros la prensa es un es un aliado en esta lucha contra el crimen”, sentenció.

Álvarez explicó que la propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es sancionar a aquellas personas que alertan a los investigados o quienes deben ser detenidos por la fuerza pública en el ejercicio regular de un procedimiento judicial o policial y que escapan a la justicia por la delación, por la incidencia de mandos de autoridades o de personas de inferior jerarquía.

La sanción penal se da básicamente para proteger los procedimientos judiciales y policiales, incluidos los del Ministerio Público, para evitar la impunidad y que bandas organizadas, criminales y secuestradores, logren escapar de la justicia por responsabilidad de malas autoridades o de malos policías, como ya ha sucedido de manera documentada.